ACTA N°24 -2005

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del  diecinueve de octubre del año dos mil cinco. Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial; Licda. Yamileth Achon Ching, en representación del Ministerio Público; Mba. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe Departamento de Personal, Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo;  Lic. Alejandro Rojas,   en representación de la Defensa Pública;  Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo y la Licda. Odalia Campos, Secretaria  de la Escuela Judicial.  El  Lic. Francisco Segura Montero, en representación de la Dirección del Organismo de Investigación Judicial se excuso.

ESCUELA JUDICIAL

ARTÍCULO I

Se le da la bienvenida al Mba. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,  que a partir de hoy asistirá al Consejo Directivo de la Escuela Judicial  con voz pero sin voto en representación del  Sector Administrativo.

El Mba. Arroyo da las gracias y manifiesta su deseo de colaborar en la capacitación del Poder Judicial.

SE ACUERDA: Tomar nota

ARTÍCULO II

Se aprueba el acta N°23-2005 del 28 de setiembre de 2005.  Se abstiene de votar el  Lic. Alejandro Rojas y el Dr. Víctor Ardón Acosta, quienes no estuvieron presentes en la sesión.

ESCUELA JUDICIAL

ARTÍCULO III

El Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en la sesión N°8 del 16 de marzo de 2005, artículo V, conoce solicitud planteada por el  Lic. Jorge Alberto González Pinto, autor del  “Diccionario de Psicología Clínica Forense: Principales síndromes y trastornos.  Metodología pericial”,  para que se le autorice a realizar  por su cuenta la publicación de la obra mencionada.  Previo a resolver, se solicitó un estudio sobre los derechos de autor de  las obras publicadas por la Escuela Judicial.

El Lic. Otto González Vílchez, Abogado de la Escuela Judicial, en oficio EJ-UJ-243-2005 de fecha 27 de setiembre de 2005 rinde el siguiente informe que dice:

“En tiempo y forma les remito el documento denominado Estudio sobre las obras publicadas por la Escuela Judicial, solicitado por ustedes en las sesiones  Nº 8 del 16 de marzo de 2005, artículo V y  Nº 22 del 31 de agosto de 2005, artículo XIII.   

	Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o consulta de este trabajo, me despido atentamente,” 
-0-

“ESTUDIO SOBRE LAS OBRAS PUBLICADAS POR LA ESCUELA JUDICIAL

Introducción 

La Escuela Judicial como encargada de la formación y capacitación de los servidores judiciales, viene elaborando en su cotidiano quehacer investigativo distintas obras escritas, audiovisuales y en la actualidad multimediales que forman un patrimonio intelectual de gran valor académico y económico a favor de ésta, que es conveniente regular de una manera clara, precisa y consecuente con la vigente normativa administrativa y de propiedad intelectual.

Justamente, en los últimos años han surgido una serie de dudas por parte del personal y órganos directivos de la Escuela Judicial en cuanto a temas como los derechos de autor que tiene la Escuela Judicial sobre las obras que publica, la forma adecuada para distribuir los libros y revistas que produce y casos como el que origina el presente estudio del Lic. Jorge Alberto González Pinto sobre los derechos de autor de la obra titulada “Diccionario de Psicología Forense: Principales Síndromes y trastornos. Metodología pericial”.

En consecuencia, y con la finalidad de dar respuestas a estas y otras inquietudes, el presente estudio abordará los siguientes temas:

1.	Los Derechos de Autor de las obras que publica la Escuela Judicial: en este apartado se incorporará una actualización, con nueva normativa y doctrina, de un informe titulado La Regulación de los Derechos de Autor dentro de la Escuela Judicial (Elaboración de Instrumentos idóneos), elaborado por el suscrito en el año 1998, para el comité asesor de la Dirección de la Escuela Judicial, aquí se tratará el tema de los derechos de autor aplicados al ámbito de acción de la Escuela Judicial.

2.	Naturaleza jurídica de las obras que publica la Escuela Judicial, aspectos administrativos y criterios para su adecuada utilización: en este punto se abordará el tema de la naturaleza jurídica de las obras publicadas por la Escuela Judicial, que como se verá son bienes públicos. Asimismo,  se expondrán una serie de criterios para la distribución adecuada de las obras publicadas por la Escuela Judicial, así como el cumplimiento de una serie de trámites administrativos, como el registro y entrega de ejemplares a las principales bibliotecas del país.

3.	Análisis de la situación específica que se presenta con el Lic. Jorge Alberto González Pinto: una vez que se haya expuesto el panorama sobre las obras que publica la Escuela Judicial, el suscrito brindará una opinión jurídica con la finalidad de responder la solicitud realizada por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en las sesiones Nº 8 del 16 de marzo de 2005, artículo V y  Nº 22 del 31 de agosto de 2005, artículo XIII.   

Para finalizar este documento, se darán una serie de conclusiones y recomendaciones sobre todos los temas tratados en este estudio.

1. Los Derechos de Autor de las obras que publica la Escuela Judicial 

1.1. Nociones básicas sobre Derechos de Autor 

Antes de analizar las situaciones concretas que se dan dentro de la Escuela Judicial respecto a los derechos de autor, debemos hacer una breve explicación de las nociones básicas que componen  esta materia.

Los derechos de autor forman parte de lo que se denomina la propiedad intelectual que doctrinariamente se define como la disciplina jurídica que tiene como objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creador, así como de sus actividades afines o conexas. 

Nuestro ordenamiento jurídico sigue la clasificación bipartita de los derechos intelectuales, que los divide en dos grandes ramas:

a)	El derecho de autor: protege las creaciones intelectuales que pertenecen al campo literario y artístico. También se incluyen en dicho término los llamados derechos conexos, que son los derechos que corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión sobre el trabajo que dichas personas realizan sobre la divulgación de una obra.  Esta rama de la propiedad intelectual abarca las siguientes áreas; obras literarias y artísticas, interpretaciones y ejecuciones, fonogramas y emisiones de radio y televisión. Asimismo, los derechos de autor comprenden también las obras audiovisuales, los programas de computación y las bases de datos.

b)	La propiedad industrial: es el conjunto de disposiciones cuyo objeto de protección son, esencialmente, las invenciones y los diseños industriales, que son básicamente ideas creadoras. Pero, además, la propiedad industrial incluye la protección de signos o denominaciones distintivos, en el campo industrial o comercial, que transmiten información a los consumidores en relación con productos y servicios que ofertan en el mercado.  Esta área de la propiedad intelectual abarca lo siguiente; invenciones, modelos de utilidad, dibujos industriales, modelos industriales, marcas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y esquemas de trazado de circuitos integrados.   
  
Esta clasificación es relevante para esta investigación, debido a que de la propiedad intelectual lo que se le aplica principalmente a la Escuela Judicial es lo referente a los derechos de autor. En consecuencia, este estudio tomará como parámetro únicamente dichos derechos. No obstante, es conveniente realizar en el futuro otro estudio en lo que concierne a la propiedad industrial de la Escuela Judicial, ya que en los últimos años este órgano ha ido incursionando en ámbitos que corresponden a esta rama de la propiedad intelectual.  

Por otro lado, en nuestro país los derechos de autor tienen protección normativa en la constitución política al disponer:

Artículo 47.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

Artículo 121.- INCISO 18): Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: ...

18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones.      

Asimismo, Costa Rica ha ratificado varios tratados internaciones que protegen los derechos de autor, y a nivel de normativa legal y reglamentaria cuenta con la Ley 6683 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos y el Decreto Nº 24611-J Reglamento a la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos.  

Este marco normativo que protege y regula los derechos de autor es importante que los órganos directores, así como el personal de la Escuela Judicial, lo tengan claro ya que debe ser aplicado al patrimonio intelectual con el que cuenta en la actualidad, y en el futuro la Escuela Judicial.

Ahora bien, los derechos de autor tienen dos facetas que son el derecho moral y el derecho patrimonial, ambos son muy importantes para comprender las atribuciones que la Escuela Judicial tiene sobre las obras que viene produciendo y publicando. Por lo tanto, se presenta de seguido un breve análisis de cada uno de estos derechos.     

•	El Derecho Moral

El derecho moral lo define la doctrina como el conjunto de poderes jurídicos del autor que no tienen significación patrimonial,  por lo que pretende proteger la personalidad del autor y que éste pueda mantener y exigir que se respete la paternidad e integridad de su creación. Este derecho tiene como características principales las siguientes:

•	Absoluto
•	Esencial
•	Inalienable
•	Irrenunciable 
•	Inembargable 
•	Inexpropiable
•	Imprescriptible 
•	Transferible por causa de muerte     

Nuestra legislación lo regula en la Ley Derechos de Autor y Derechos Conexos, y le otorga las siguientes facultades o contenido:

Artículo 14.-  El derecho moral comprende las siguientes facultades:

a)	Mantener la obra inédita pudiendo aplazar, por testamento, su publicación y reproducción durante un lapso hasta de cincuenta años posteriores a su muerte.
b)	Exigir la mención de su nombre o seudónimo, como autor de la obra, en todas las reproducciones y utilizaciones de ella.
c)	Impedir toda reproducción o comunicación al público de su obra, si se ha deformado, mutilado o alterado de cualquier manera.
d)	Introducir modificaciones sucesivas a su obra.
e)	Defender su honor y reputación como autor de sus producciones.
f)	Retirar la obra de la circulación e impedir su comercio al público, previa indemnización a los perjudicados con su acción.

De conformidad con lo anterior, es importante indicar que en el caso de la Escuela Judicial, y del Poder Judicial como el ente de derecho público que cuenta con la personería jurídica, no pueden ser titulares del derecho moral, debido a que éste siempre pertenecerá al autor en cualquier tipo de obra que se produzca en las labores ordinarias de este centro de capacitación judicial y en todo el Poder Judicial. 
      
•	El Derecho Patrimonial

El derecho patrimonial es aquel que concede al autor en principio o a cualquier otro derechohabiente, la facultad exclusiva de autorizar o prohibir cualquier forma de explotación que de la obra se pueda realizar ; en otras palabras, es un derecho de contenido económico que la doctrina lo ha identificado como derechos de disfrute económico, derechos pecuniarios, derechos de utilización y derechos patrimoniales.  

Tiene como características las siguientes:

•	Exclusivo
•	De contenido ilimitado
•	Disponible
•	Expropiable
•	Renunciable 
•	Embargable
•	Temporal

Nuestro ordenamiento jurídico lo reconoce y protege en el artículo 16 y siguientes de la Ley de Derechos de Autor y Derechos conexos al indicar:

Artículo 16.

1-	Al autor de la obra literaria o artística le corresponde el derecho exclusivo de utilizarla. Los contratos sobre derechos de autor se interpretarán siempre restrictivamente y al adquirente no se le reconocerán derechos más amplios de los expresamente citados, salvo cuando resulten necesariamente de la naturaleza de sus términos. Por consiguiente, comprende al autor autorizar:

a)	La edición gráfica.
b)	La reproducción.
c)	La traducción a cualquier idioma o dialecto.
d)	La adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas cinematográficas y otras obras audiovisuales.
e)	La comunicación al público, directa o indirectamente, por cualquier proceso y en especial por lo siguiente:
i.- La ejecución, representación o declaración.
ii.- La radiodifusión sonora o audiovisual.
iii.- Los parlantes, la telefonía o los aparatos electrónicos semejantes.
f)	La disposición de sus obras al público, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el momento y lugar que cada uno elija.
g)	La distribución.
h)	La transmisión pública o la radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión por cable, fibra óptica, microonda, vía satélite o cualquier otra modalidad.
i)	La importación al territorio nacional de copias de la obra, hechas sin autorización.
j)	Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse.
2-	Los derechos conferidos por los incisos g) e i) del presente artículo no serán oponibles contra la venta o importación de originales o copias de una obra puestas legítimamente en el comercio, en cualquier país, por el titular de la obra protegida u otra persona que tenga el consentimiento de este, con la condición de que dichas obras no hayan sido alteradas ni modificadas.

Por lo expuesto, es atinente tener claro que los derechos de autor son una rama del derecho de carácter proteccionista, por lo que en caso de duda en la interpretación y aplicación de una norma en esta materia, debe favorecer al autor de la obra. Así pues, por regla general, tanto el derecho moral como el derecho patrimonial pertenecerán siempre y de manera originaria al autor de la obra, excepto en los casos en que por el consentimiento del autor o por disposición de la ley se establezca lo contrario. Por consiguiente, la Escuela Judicial, así como el Poder Judicial,  deben tomar en cuenta las reglas que rigen esta materia y  establecer de manera clara, y utilizando los instrumentos idóneos como contratos, reglamentación y actos administrativos, la transferencia adecuada, por parte de los autores, de los derechos patrimoniales sobre las obras que se realicen en el contexto institucional, con la finalidad de poder utilizarlas libremente según las necesidades que se presenten.  
   
1.2. Tipos de obras que se producen en la Escuela Judicial, derechos de autor sobre éstas y propuestas de instrumentos idóneos para regularlas

Después de haber citado algunas nociones básicas sobre los derechos de autor, vamos analizar en este apartado los tipos de obras que se producen en la Escuela Judicial y los derechos de autor que la institución tiene sobre ellas. Además, se expondrán una serie de instrumentos idóneos como contratos, propuestas reglamentarias y directrices administrativas que pueden ser útiles para regular la producción intelectual de la Escuela Judicial.

La obra es el objeto del Derecho de Autor y se entiende como toda creación intelectual original expresada en una forma reproducible, de conformidad con esta definición doctrinal, podemos distinguir los siguientes tipos de obras que se dan dentro de la Escuela Judicial:

-	Obras producidas dentro de un contrato de servicios profesionales o por encargo.
-	Obras realizadas bajo un contrato de trabajo o asalariadas.
-	Obras patrocinadas para su publicación.
-	Obras cedidas a título gratuito u oneroso.
-	Obras audiovisuales y multimediales.  

A continuación, el análisis detallado de cada uno de estos tipos de obras.

1.2.1. Obras producidas dentro de un contrato de servicios profesionales o por encargo

Se originan en los casos en que una persona natural o jurídica contrata con uno o varios autores la elaboración de una obra sobre determinado tema, por lo tanto la obra es producto de un contrato de naturaleza civil y cuyo propósito es transmitir los derechos patrimoniales al contratante. 

Precisamente, los derechos sobre este tipo de obras se encuentran regulados en nuestra legislación en el artículo 40 de la Ley de Derechos de Autor que indica:

Artículo 40.- Cuando uno o varios autores se comprometen a componer una obra, según un plan suministrado por el editor, únicamente pueden pretender los honorarios convenidos. El comitente será el titular de los derechos patrimoniales sobre la obra, pero los comisarios conservarán sobre ella sus derechos morales (...)

De conformidad con la norma citada, en este tipo de obras, los derechos morales quedan en manos del autor y los derechos patrimoniales los mantiene la persona física o jurídica que contrató la obra.
En nuestro ámbito esta clase de obras pueden originarse en dos tipos de contratos que son:

-	Contratos de servicios profesionales: cuando el Poder Judicial suscribe con personas físicas o jurídicas un contrato que tiene como objeto brindar servicios de consultoría y en cual se producen obras de diversa naturaleza. Es el contrato que se presenta de manera más usual en la Escuela Judicial y en todo el Poder Judicial.

-	Contratos de elaboración de obra: se presentan cuando se suscriben contratos específicos para que una persona elabore una obra de manera exclusiva para el Poder Judicial. Esta clase de contratos no son usuales, pero es posible que la Escuela Judicial utilice más este tipo de contratación en el futuro.  

Es recomendable, que en el caso de las obras producidas en un contrato de servicios profesionales, se incluya siempre una cláusula que especifique que la Escuela Judicial o el Poder Judicial tendrán los derechos patrimoniales sobre todas las obras de diversa índole que se produzcan dentro de la ejecución de un contrato de esta naturaleza. Esta cláusula podría tener la siguiente redacción:

Cláusula.- Derechos de Autor.

El Consultor cede al Poder Judicial los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de propiedad intelectual que se derive de los trabajos y documentos producidos durante la ejecución de esta consultoría.  Ello con fundamento en el artículo 16 de la Ley No. 6683, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Toda información, documentación y archivos pertenecientes a entidades beneficiarias de los servicios profesionales a que se refiere este contrato y que utilice el Consultor, seguirá siendo propiedad de la respectiva entidad, y el Consultor no podrá utilizarla para propósitos ajenos a este contrato.  El Consultor tampoco podrá retener información, documentación o archivos de carácter confidencial o sus copias más allá de la determinación de este contrato, salvo que expresamente el Contratante lo autorice.

Esta cláusula es recomendable que siempre se incorpore en los contratos de servicios profesionales, ya que en caso de duda respecto a la titularidad de los derechos intelectuales, especialmente patrimoniales, la interpretación favorece al autor, por lo que el Poder Judicial debe contar con instrumentos de tipo contractual para salvaguardar sus derechos en materia de propiedad intelectual. 

Ahora bien, en las situaciones donde se requiera suscribir un contrato de elaboración de obra, el Poder Judicial deberá confeccionar éste de manera clara, expresa e indicando su titularidad sobre todos los derechos patrimoniales de la obra contratada.     

1.2.2. Obra realizada bajo un contrato de trabajo o asalariada
	
Como se ha venido explicando en el presente estudio, los derechos morales y patrimoniales pertenecen siempre al autor de la obra, salvo pacto en contrario. Esta es la regla general dentro de la regulación de los derechos de autor y varía radicalmente cuando estamos en presencia de la creación de obras dentro de una relación laboral. En esta situación particular la doctrina ha establecido la tesis de que los derechos patrimoniales corresponderán al empleador de forma originaria y al autor los derechos morales. 

En el mismo sentido,  nuestra legislación indica en el artículo 40, en su parte final, de la Ley de Derechos de Autor y en el artículo 16 del reglamento que regula esta misma materia lo siguiente:

Artículo 40.- (...) cuando el autor sea un asalariado el titular de los derechos patrimoniales será el empleador.

Artículo 16.- En las obras creadas para una persona natural o jurídica, en cumplimiento de un contrato de trabajo o en ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es el autor, pero se presume, salvo pacto en contrario, que el derecho patrimonial o de utilización ha sido cedido al empleador o al ente de Derecho Público, según los casos, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación de la obra, lo que implica, igualmente, la autorización para divulgarla y para defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.

Como se desprende de los anteriores artículos, nuestro ordenamiento jurídico establece la presunción de que los derechos patrimoniales de las obras realizadas dentro de una relación laboral pertenecen al empleador o patrono de forma originaria sin necesidad de que exista un documento donde dichos derechos sean cedidos expresamente. 

Para aplicar esta doctrina y legislación en el contexto de la Escuela Judicial, y en general en el Poder Judicial, es relevante indicar que las obras asalariadas en nuestro ámbito pueden surgir de dos situaciones que son:

a. Obras que son producto del ejercicio ordinario de las labores del funcionario judicial: estas se producen dentro de las labores ordinarias que el funcionario judicial debe realizar de conformidad con su perfil profesional u ocupacional, por ejemplo el puesto de Profesional en Derecho 2 de la Escuela Judicial tiene contemplado en general elaborar estudios o investigaciones sobre temas que le solicite el Director o el Consejo Directivo, en este caso, que es el del suscrito abogado, los derechos morales sobre el estudio o investigación efectuada son del servidor judicial, mientras que los derechos patrimoniales pertenecen exclusivamente al Poder Judicial. En estas situaciones, existe una presunción legal absoluta de que los derechos patrimoniales son de la institución, por lo que no se requiere utilizar ningún instrumento como contratos o reglamentación, ya que la normativa es muy clara al respecto.    
b.Obras que son producto de un permiso especial a favor de un funcionario judicial para efectuarlas: este es el caso de un servidor judicial que realiza una obra fuera de sus labores ordinarias, pero dentro de la relación laboral con el Poder Judicial. Por ejemplo, los permisos con goce de sueldo, total o parcial, dirigidos a que un funcionario judicial se dedique a elaborar una investigación, libro, estudio o cualquier tipo de obra para el Poder Judicial, o lo que se vienen presentando en la Escuela Judicial de jueces que se les concede un permiso con goce de sueldo para que se dediquen a diseñar actividades de capacitación, investiguen y sean profesores.  En esta última situación, se presenta una presunción legal relativa de que los derechos patrimoniales pertenecen al Poder Judicial, pese a que la normativa es clara, al estar el funcionario realizando labores que no le son propias a su puesto de trabajo, nuestra institución debe reafirmar de manera expresa, para evitar dudas que siempre favorecen a los autores, sus derechos patrimoniales sobre las obras que se originen en permisos especiales como los descritos. Por lo tanto, es recomendable en estos casos que en el acto administrativo que conceda el permiso con goce de salario para que el servidor elabore una obra para el Poder Judicial, se indiquen de manera clara y precisa los derechos patrimoniales que la institución tendrá sobre la obra.

Un ejemplo, de una adecuada redacción de un acto administrativo que concede un permiso con goce de sueldo a un funcionario judicial para que elabore una obra en favor del Poder Judicial, sería el siguiente:

SE ACUERDA: Aprobar permiso con goce de sueldo (con sustitución o si ella) al funcionario (nombre del servidor) para que se dedique (tiempo completo o parcialmente) durante el periodo comprendido entre (fechas que abarca el permiso) para elaborar la obra denominada (nombre de la investigación u obra), en favor del Poder Judicial. La obra que se origina en el presente permiso, pertenecerá al Poder Judicial en cuanto a los derechos patrimoniales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 6683 de Derechos de Autor y Derechos Conexos y artículo 16 del Reglamento Nº 24611-J de esta misma materia.

Se debe aclarar que este tipo de permisos solo pueden ser efectuados por el Consejo Superior del Poder Judicial de conformidad con lo que dispone el artículo 81 inciso 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.          

1.2.3. Obra patrocinada para su publicación

En los últimos años, se viene presentando en la Escuela Judicial una situación que ha consistido en que a un funcionario judicial o a una persona externa al Poder Judicial se les publica una obra con el patrocinio de nuestra institución. Estos casos se presentan de la siguiente manera:

-	Cuando un funcionario judicial elabora una obra fuera de la relación laboral con el Poder Judicial, esto significa que el servidor judicial no ha realizado la obra disfrutando de un permiso con goce de salario para tales fines o esta labor no es parte de sus funciones o del perfil de su puesto, y le solicita a la Escuela Judicial que le publique su obra.

-	Cuando un profesional externo al Poder Judicial elabora una obra y la entrega a la Escuela Judicial para realizar su respectiva publicación. 

En estos casos, la Escuela Judicial y el Poder Judicial, no disponen de los derechos patrimoniales sobre las obras producidas bajo esas circunstancias, ya que lo único que se realiza es la publicación y distribución de éstas.

Situaciones como las indicadas, es recomendable que sean reguladas por el llamado contrato de edición, el cual se define por la doctrina como cuando el autor de una obra o sus derechohabientes ceden, en condiciones determinadas, el derecho de producir o hacer producir un número de ejemplares, a una persona llamada editor, quien se obliga a asegurar la publicación y difusión de la obra por su propia cuenta.   

Asimismo, este tipo de contrato viene regulado en el artículo 21 de la Ley de Derechos de Autor, que dispone:

Artículo 21.- Por medio del contrato de edición, el autor de una obra literaria o artística, o sus derechohabientes, concede -en condiciones determinadas- a una persona llamada editor, el derecho de reproducirla, difundirla y venderla. El editor editará, por su cuenta y riesgo, la obra y deberá entregar al autor la remuneración convenida, previamente, por ambas partes.

Justamente, la Escuela Judicial cuando patrocina una obra, hace las funciones propias del editor, independientemente que publique la obra en la imprenta judicial o por medio de una empresa externa. Asimismo, es el único órgano dentro del Poder Judicial que puede realizar esta labor ya que cuenta con los recursos humanos y materiales para ello.

Ahora bien, respecto a la utilización de los contratos de edición en los casos de patrocinio de obra, es necesario efectuar algunas precisiones como las que a continuación se exponen:

-	La Escuela Judicial ha publicado varias obras sin haber suscrito contratos de edición, en estos casos, los derechos morales y patrimoniales pertenecen a los autores y al no existir contrato de edición, el Poder Judicial y la Escuela Judicial, únicamente cuentan con los derechos de reproducción y distribución de una sola edición de estas obras, de conformidad con lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de Derechos de Autor al disponer, Si el contrato no establece plazo ni número de ediciones, se entenderá que cubre una sola edición. Asimismo, los autores que se encuentren en estas circunstancias, tienen todas las atribuciones de publicar sus obras fuera del Poder Judicial, sin contar con ninguna autorización de esta institución. 

-	Con el contrato de edición la Escuela Judicial y el Poder Judicial pueden regular sus relaciones con los autores que publican obras con el patrocinio de éstos,  pero, cabe aquí la aclaración, la Escuela Judicial no vende las obras que produce, por lo que la regulación contractual debe ir dirigida solamente a los derechos de reproducción y difusión de la obra.

Por lo expuesto, es recomendable utilizar contratos de edición en todas las obras en la que se patrocine su publicación, por parte de la Escuela Judicial. En consecuencia, a continuación se expone una propuesta de modelo de contrato de edición adaptado para ser utilizado en el contexto del Poder Judicial.  

Modelo de Contrato de Edición adaptado para el Poder Judicial

Nosotros, Luis Paulino Mora Mora, mayor, casado, abogado, vecino, cédula  en su carácter de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial, debidamente autorizado para este acto por el Consejo Superior en sesión celebrada el....., artículo....., quien en adelante se denominará "Poder Judicial" y Nombre del autor y calidades, quien en adelante se denominará el "autor"; hemos convenido en el presente contrato de edición para la publicación de obra, el cuál se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El Poder Judicial se compromete con el autor a reproducir,  publicar y distribuir la obra denominada "nombre de la obra".
SEGUNDA: El Poder Judicial publicará y distribuirá la obra con sus propios recursos financieros y bajo su propio riesgo. 
TERCERA: El autor autoriza al Poder Judicial a reproducir, publicar y distribuir el número de ejemplares de la obra que sean necesarios para los fines educativos de la institución. Asimismo, de autoriza (número de ediciones). 
CUARTA: El autor concede al Poder Judicial los derechos de reproducción, publicación y distribución de la obra solamente para fines educativos y que sólo se utilice dentro del Poder Judicial. 
QUINTA: El Poder Judicial no podrá vender ni ceder a título gratuito ni oneroso los derechos otorgados por el autor en el presente contrato.
SEXTA: El autor otorga los derechos de reproducción, publicación y distribución al Poder Judicial en forma gratuita.    
SETIMA: El autor garantiza al Poder Judicial el ejercicio pacífico de los derechos otorgados en el presente contrato.   
OCTAVA: El Poder Judicial no podrá, sin autorización escrita del autor, efectuar modificaciones, abreviaturas o adiciones a la obra.
NOVENA: El autor tendrá derecho a hacer a su obra las correcciones, enmiendas o mejoras que estime conveniente antes de la publicación de la obra.
DÉCIMA: El Poder Judicial podrá publicar la obra con las características gráficas que considere necesarias, siempre que éstas no vulneren los derechos morales del autor.
DÉCIMO PRIMERO: El autor podrá otorgar contratos de edición con otras instituciones públicas y privadas sin necesidad de autorización por parte del Poder Judicial, siempre que se respeten los derechos otorgados a esta institución.
En fe de los anterior firmamos en la ciudad de San José a las ...

1.2.4. Obra cedida a título gratuito u oneroso

Este tipo de obras consisten en los casos que un autor, sea funcionario judicial o externo, realiza un contrato de cesión con el Poder Judicial para transferir sus derechos patrimoniales, sea a título gratuito u oneroso, de una obra previamente elaborada.

Nuestra legislación autoriza la cesión de derechos patrimoniales de autor en los siguientes artículos de la Ley y el Reglamento de Derechos de Autor:

Artículo 88.- El titular de derechos de autor o conexos puede enajenar, total o parcialmente, sus derechos patrimoniales. (Ley de Derechos de Autor)

Artículo 89.- Todo acto de enajenación de una obra literaria o artística o de derecho conexo, sea total o parcial, deberá constar en instrumento público o privado, ante dos testigos. .(Ley de Derechos de Autor)

Artículo 36.- El derecho patrimonial reconocido al autor y a los titulares de derechos conexos puede transferirse en virtud de un mandato o presunción legal, mediante cesión o enajenación entre vivos o por transmisión mortis causa, por cualquiera de los medios admitidos de Derecho y conforme a las disposiciones específicas contenidas en la Ley 6683 y en el presente Reglamento. (Reglamento de Derechos de Autor)

Artículo 37.- Toda cesión entre vivos se presume realizada a título oneroso, salvo pacto expreso en contrario.
El derecho cedido revertirá al cedente al extinguirse el derecho del cesionario.(Reglamento de Derechos de Autor)

Artículo 38.- Por aplicación del principio contenido en el primer párrafo del artículo 16 de la Ley, la enajenación o cesión del derecho patrimonial se limita al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de utilización expresamente previstas en el contrato y al tiempo o ámbito territorial pactados contractualmente.(Reglamento de Derechos de Autor)

Ahora bien, este tipo de obras hasta la fecha no se han presentado en el contexto de la Escuela Judicial. No obstante, es conveniente mencionar que en un futuro situaciones  como las descritas pueden suceder y sería recomendable que la institución se encuentre preparada para enfrentarlas.

Para ello, es conveniente utilizar contratos de cesión de derechos patrimoniales de autor, tomando la misma estructura de cualquier contrato de cesión de derechos, pero contemplado algunas particularidades como las siguientes:

-	Se pueden ceder únicamente los derechos patrimoniales, los derechos morales no deben ser objeto de éste y de ningún tipo de contrato traslativo.

-	El contrato de cesión de derechos patrimoniales, debe realizarse de forma expresa, y siguiendo nuestra legislación sería recomendable que constara en instrumento público, ya que cualquier forma de explotación no prevista en el contrato permanecen a favor del autor.

Asimismo, es recomendable que este tipo de instrumento contractual se utilice en los casos en que las obras ya hayan sido elaboradas, incluso que existan publicaciones previas efectuadas por otras casas editoras o instituciones.    

1.2.5. Obras audiovisuales y multimediales

En el contexto de la Escuela Judicial, se vienen produciendo dos tipos de obras, que como se explicará más adelante en este apartado, son distintas en cuanto a la titularidad de los derechos de autor a los otros tipos explicados anteriormente en este estudio, nos referimos a las obras audiovisuales y multimediales que por su naturaleza deben analizarse en forma independiente. En consecuencia, de seguido se realizará un breve estudio de ambos tipos de obras. 

La doctrina define a las obras audiovisuales como las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras. 

Este tipo de obras comprenden la cinematografía tradicional, así como los videos, los programas audiovisuales de enseñanza, mensajes publicitarios etc. En otras palabras, el concepto de obras audiovisuales es omnicomprensivo a toda obra que es producida por un procedimiento análogo a la cinematografía.       

Ahora bien, este tipo de obras se caracterizan por ser el resultado de varios aportes o intervienen para su producción varios individuos por lo que se les denomina obras en colaboración que se definen por nuestra legislación en el artículo 3, inciso 19 del Reglamento de Derechos de Autor como:

Es la creada por dos o más autores, actuando en común, y en la cual la participación de cada uno de ellos no pueda ser disociada, por constituir la obra un todo indivisible.

Precisamente, al tener esta naturaleza la obra audiovisual, los derechos de autor se distribuyen entre varias personas, por ello es conveniente tener claro que individuos son titulares de los derechos morales y quienes pueden disponer de los derechos patrimoniales.     

En ese sentido, nuestra Ley de Derechos de Autor establece:

Artículo 52.- Son autores de una obra cinematográfica: 

a) El autor del argumento

b) El compositor de la música, compuesta especialmente para la película.

c) El director.

d) El productor
  
En consecuencia, los sujetos citados en el artículo de referencia, son los que crean una obra audiovisual. Ahora bien, de conformidad con la ley y el reglamento de derechos de autor se puede sintetizar los derechos que cada uno de estos individuos es titular:

-	El autor del argumento, que también se le conoce como el que realiza el guión literario,  tiene el derecho moral sobre estos.

-	El compositor tiene derechos morales sobre la música que se utilice para una determinada obra. 

-	El director, conocido también como el realizador y el que elabora el guión técnico, tiene derechos morales sobre estos. 

Por lo tanto, estos tres autores tienen de forma independiente el derecho moral de autor sobre la parte que realizaron.

Ahora en lo que respecta a la figura del productor, nuestra Ley de Derechos de Autor dispone:  

Artículo 55.- El productor cinematográfico está investido del ejercicio pleno y exclusivo de los derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica, pudiendo practicar todos los actos tendientes a su amplia circulación y explotación, salvo disposición en contrario, expresada en los contratos con sus coautores.

Quedan protegidos, como obras cinematográficas, aquellos programas audiovisuales producidos por proceso análogo a la cinematografía, tales como los videogramas.

De conformidad con la citada norma el productor, que es la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra,  se presume que tiene los derechos patrimoniales sobre la obra audiovisual.       

Por lo tanto, si se aplica la anterior doctrina y legislación a la producción del material audiovisual que realiza la Escuela Judicial, debemos indicar que ésta es la productora de este material, en consecuencia, el Poder Judicial tiene todos los derechos patrimoniales sobre las obras audiovisuales que se produzcan en la Escuela Judicial.

Por otro lado, la Escuela Judicial en los últimos años ha ido produciendo lo que el suscrito denomina obras multimediales y que se pueden conceptualizar como aquellas que son producidas y divulgadas utilizados medios informáticos. Por ejemplo, los cursos virtuales como el de Pensiones Alimentarías u otros que se produzcan en el futuro.

La protección de los derechos de autor de este tipo de obras, se da en nuestro medio en el Reglamento de Derechos de Autor y se denominan Programas de Cómputo que son definidos en el artículo 3, inciso 27 del mencionado reglamento de la siguiente forma:

Es un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de cómputo comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

En consecuencia, el Programa de Cómputo es lo que se conoce en el medio informático como el software y como se desprende de la disposición normativa citada no solo comprende el programa mismo, sino también su documentación técnica. 

Ahora bien, lo que interesa en el presente estudio es determinar los derechos de autor que se tienen sobre estas obras, respecto a este aspecto cabe mencionar que a las obras multimediales se les puede aplicar casi las mismas reglas que anteriormente se explicaron para los casos de obras audiovisuales. Por consiguiente, los derechos morales de autor pertenecerán a los individuos que colaboren de distinta forma en la producción de la obra multimedial. Además, la titularidad de los derechos patrimoniales será del productor, tal y como lo dispone el Reglamento de Derechos de Autor al indicar:

ARTÍCULO 6º.- Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa de cómputo, la persona natural o jurídica que publique la obra bajo su responsabilidad o que aparezca indicada como tal en la misma de la manera acostumbrada.

ARTÍCULO 7º.- Salvo en los casos en que se trate de una obra individual, o que haya sido publicada con el nombre de los autores, se presume, salvo prueba en contrario, que el programa de cómputo es una obra colectiva, cuya titularidad corresponde, en los términos del artículo 6º de la Ley, al productor, quien además de los derechos de orden patrimonial, tiene la facultad de defender al derecho moral, en la medida que ello sea necesario para la explotación de la obra.

En consecuencia, la Escuela Judicial será el productor de las obras multimediales y la titularidad de los derechos patrimoniales de autor es del Poder Judicial.

Por último, es importante indicar que en los casos de las obras audiovisuales y multimediales no es necesario contar con instrumentos como contratos o reglamentación interna, debido a que la legislación nacional es clara en otorgar los derechos patrimoniales al productor. Sin embargo, es conveniente que en este tipo de obras se citen los créditos de las personas que intervinieron en la producción de la obra audiovisual y multimedial, así como que se indique la titularidad de los derechos patrimoniales a favor del Poder Judicial.        

2. Naturaleza jurídica de las obras que publica la Escuela Judicial, aspectos administrativos y criterios para su adecuada utilización
   
2.1. Naturaleza Jurídica de las obras publicadas por la Escuela Judicial

Es conveniente realizar un breve análisis que permita definir la naturaleza jurídica de las obras que publica la Escuela Judicial, con la finalidad de determinar el régimen jurídico que regula su utilización y distribución.

Las obras publicadas por la Escuela Judicial tienen la naturaleza de ser bienes públicos, debido a que pertenecen a una entidad estatal como lo es el Poder Judicial. Ahora bien, la doctrina, así como nuestro ordenamiento jurídico, distingue dos tipos de bienes públicos, los de dominio público y los bienes patrimoniales del Estado. Para explicar estas dos clasificaciones citamos un dictamen de la Procuraduría General de la República que ilustra de manera clara que se entiende por cada uno de estos tipos de bienes:

Se han distinguido dos tipos de bienes públicos: los de dominio público que son propiamente los bienes demaniales y los bienes patrimoniales del Estado y sus instituciones. En principio, se dice que los bienes de dominio público son bienes públicos con una finalidad de utilidad pública, que conllevan a la aplicación de un régimen especial de derecho administrativo de protección y uso de los mismos. Por su parte, los bienes patrimoniales del Estado y sus instituciones son los que siendo bienes de titularidad pública, en principio, no están sujetos a una utilidad pública.      

De conformidad con esta clasificación, las obras que publica la Escuela Judicial tienen la naturaleza jurídica de bienes patrimoniales del Estado, ya que no se encuentran destinadas a un uso público ni afectadas a ninguna utilidad pública, es decir son bienes de dominio privado de la Administración.

En consecuencia, el régimen jurídico aplicable a las obras que publica la Escuela Judicial sería el utilizado en cualquier relación jurídica de orden privado, y en este caso particular debe regularse por las disposiciones que en el presente estudio se han venido citando, que es todo el marco jurídico vigente en nuestro país sobre propiedad intelectual. No obstante, en las obras publicadas por la Escuela Judicial, se han invertido fondos públicos, por lo que su régimen jurídico no es totalmente de carácter privado y debe aplicarse la normativa administrativa en esta materia.        

Siguiendo el mismo orden de ideas, se debe indicar que de la publicación de las obras se derivan dos tipos de derechos a favor del Poder Judicial que son los siguientes:

-	Derechos patrimoniales de autor: que sería el derecho inmaterial sobre la obra publicada, y se origina en las obras en las cuales exista una transferencia de estos derechos patrimoniales del autor hacia el Poder Judicial, como en los casos explicados de obras asalariadas, obras producidas dentro de un contrato de servicios profesionales y obras cedidas a título gratuito u oneroso.

-	Derechos sobre las obras publicadas: que sería el derecho sobre el soporte material que contiene la obra, por ejemplo los libros, los discos compactos o los vídeos.

En virtud de lo indicado, es conveniente tener claro estos dos tipos de derechos, ya que varios aspectos que se tratarán en los siguientes apartados como los criterios de distribución, titularidad de esos derechos, plazos de protección entre otros depende de esta distinción.      

2.2. Titularidad de los derechos que surgen de la publicación de obras por parte de la       
       Escuela Judicial

La titularidad, tanto de los derechos patrimoniales de autor como de las publicaciones, debe recaer en un ente que tenga personería jurídica, en el caso particular de nuestra institución se debe afirmar que la titularidad de esos derechos está en manos del Poder Judicial que constitucionalmente cuenta con esta atribución. 

Por lo tanto, no es conveniente indicar que la Escuela Judicial es el titular de los derechos derivados de las obras que publica, ya que este órgano de capacitación judicial carece de personería jurídica, su labor se enmarca únicamente en la elaboración, administración, distribución y en general en la utilización de las obras para los fines educativos que tiene encomendados por su ley de creación.

Ahora bien, es criterio del suscrito que el órgano llamado a ejercer los derechos derivados de las obras publicadas por la Escuela Judicial es el Consejo Superior. Esto en razón a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial al disponer:

Artículo 67. El Consejo Superior del Poder Judicial es un órgano subordinado  de la Corte Suprema de Justicia y le corresponde ejercer la administración y disciplina de ese Poder, de conformidad con la Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, con el propósito de asegurar la independencia, eficiencia, corrección y decoro de los tribunales y de garantizar los beneficios de la carrera judicial.

Artículo 81. Corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial:

1- Ejecutar la política administrativa del Poder Judicial, dentro de los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia.

9- Resolver sobre los reclamos de carácter económico que se hagan al Poder Judicial, en cualquier concepto, y ordenar a los servidores judiciales, los reintegros de dineros que procedan conforme a la ley.

10- Resolver sobre las licitaciones y solicitar a la Corte Plena que acuerde las expropiaciones de inmuebles o la afectación de derechos reales que interesen al Poder Judicial.(...) 

16- Dirigir, planificar, organizar y coordinar las actividades administrativas del Poder Judicial y proponer a la Corte, los reglamentos correspondientes.

18- Conceder licencias con goce de sueldo a los servidores judiciales, para realizar estudios o proyectos que interesen al Poder Judicial.

Por consiguiente, el Consejo Superior tiene asignada por ley la función administrativa de velar y proteger los derechos derivados de las obras que publique la Escuela Judicial y también otras publicaciones que se realicen dentro del Poder Judicial.

2.3. Plazos de protección de la titularidad de los derechos que surgen de la publicación de obras por parte de la Escuela Judicial

Es importante analizar, en este apartado, los plazos de protección de la titularidad que tiene el Poder Judicial sobre los derechos derivados de las publicaciones de obras efectuadas por la Escuela Judicial, de la siguiente manera:

-	Plazo de protección de la titularidad de los derechos patrimoniales de autor: en los casos en que el Poder Judicial tenga derechos patrimoniales de autor sobre la obra publicada, el plazo de protección de este tipo de derechos se encuentra regulado en la Ley de Derechos de Autor al indicar:
        
Artículo 63.- El Estado, los consejos municipales y las corporaciones oficiales gozarán de la protección de esta ley, pero, en cuanto a los derechos patrimoniales, los tendrán únicamente por veinticinco años, contados desde la publicación de la obra, salvo tratándose de entidades públicas, que tengan por objeto el ejercicio de esos derechos como actividad ordinaria; en cuyo caso la protección será de cincuenta años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo citado, el Poder Judicial gozará de los derechos patrimoniales de autor a su favor por un plazo de 25 años a partir de la publicación de la obra.  

-	Plazo de protección sobre los derechos de las obras publicadas: el plazo de protección sobre la titularidad de los derechos sobre los libros, vídeos, discos compactos etc, en criterio del suscrito, no tienen un plazo de vigencia, ya que siempre pertenecerán al Poder Judicial. Sin embargo, para que lo indicado se aplique, las obras publicadas deben estar bajo la custodia de este poder de la República.    

2.4. Transferencia de la titularidad de los derechos derivados de la publicación de obras por parte de la Escuela Judicial

Es conveniente determinar si el Poder Judicial puede transferir la titularidad de sus derechos originados en las obras que publica. Por lo que a continuación, se analiza está posibilidad en cada uno de los derechos derivados de la publicación de obras:

-	Transferencia de la titularidad de los derechos patrimoniales de autor: de conformidad con la Ley de Derechos de Autor y su respectivo reglamento, los derechos patrimoniales pueden transferirse por cesión o enajenación entre vivos, transmisión mortis causa y en general por cualquiera de los medios admitidos por el Derecho. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial, al ser un ente de naturaleza  pública, es recomendable que determine de previo a utilizar cualquiera de los medios indicados, cuales procedimientos internos deberá seguir para transferir este tipo de derechos. Es la opinión del suscrito, que en los casos en que el Poder Judicial quiera transferir sus derechos patrimoniales a los mismos autores o a terceras personas, sería recomendable que consultara previamente con la Procuraduría General de la República, en su condición de abogado del Estado, a efectos de determinar que procedimientos internos deben respetarse para transferir los derechos patrimoniales de autor. Asimismo, debe considerarse que los derechos patrimoniales de autor tienen un valor económico, por lo que en caso de transferirse, esto equivaldría a una cesión de fondos públicos.           

-	Transferencia de la titularidad de los derechos de las obras publicadas: la transferencia de los libros, vídeos o discos compactos la Escuela Judicial desde hace varios años la ha realizado de manera gratuita cuando distribuye estas publicaciones entre los funcionarios judiciales. Respecto a esta práctica, el suscrito opina que no existe ningún inconveniente, ya que de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial la finalidad de este órgano es justamente el formar a los servidores judiciales, por lo tanto si las publicaciones se obsequian con ese propósito se estaría cumpliendo la misión de la Escuela Judicial. No obstante, y como se expondrá en el siguiente apartado, es recomendable que la distribución de las publicaciones se realice por medio de procedimientos estandarizados y que aseguren una adecuada utilización de estos bienes públicos.

2.5. Aspectos administrativos que se deben cumplir en la publicación de las obras de la Escuela Judicial

Cada una de las obras que publique la Escuela Judicial, y en el Poder Judicial, deben cumplir con una serie de trámites administrativos que es recomendable explicar, con la finalidad de que se cumplan en todos sus extremos. 

Estos trámites administrativos consisten en los siguientes:

-	Trámite para gestionar las matriculas de las obras o más conocidos como ISBN: este trámite debe realizarse antes de la impresión final de la obra y se efectúa ante la Dirección General de Bibliotecas por medio del Departamento de Selección y Adquisición, ubicado en la Biblioteca Nacional. Respecto a este trámite, se debe mencionar que la Escuela Judicial siempre lo ha cumplido correctamente.

-	Trámite de depósito de ejemplares: este trámite, que tiene carácter obligatorio, se encuentra regulado en la Ley de Derechos de Autor y en la Ley de Imprenta, que disponen:

Artículo 106.-Toda persona física o jurídica, pública o privada responsable de reproducir una obra por medios impresos, magnéticos, electrónicos, electromagnéticos o cualquier otro, deberá depositar, durante los ocho días siguientes a la publicación, un ejemplar de tal reproducción en las: bibliotecas de la Universidad Estatal a Distancia, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Asamblea Legislativa, Biblioteca Nacional, del Ministerio de Justicia y Gracia, la Dirección General del Archivo Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. El ejemplar para el registro precitado deberá acompañarse con los documentos de recibo de las otras instituciones.
El incumplimiento con cualquiera de estas organizaciones se sancionará con multa equivalente al valor total de la reproducción. (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos)

Artículo 6: De toda publicación impresa deben enviarse por el director o dueño del establecimiento respectivo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su puesta en circulación dos ejemplares a la Oficina de Canjes (Actualmente Departamento de Selección y Adquisición, Biblioteca Nacional) (Ley de Imprenta Nº 32 del 12 de julio de 1902 y sus reformas)

En consecuencia, la Escuela Judicial se encuentra obligada por disposición de la normativa citada, a depositar a las instituciones indicadas un ejemplar y a la Biblioteca Nacional tres, para un total de once ejemplares que deberán contabilizarse en cada edición que se realice de una determinada obra. Asimismo, sería recomendable que también se remitan un ejemplar para la Biblioteca Judicial y otro para la Unidad de Archivo y Documentación de la Escuela Judicial. Ahora bien, es importante destacar, que esta obligación no se viene cumpliendo adecuadamente por parte de la Escuela Judicial.

-	Trámite de registro: este trámite, que no es obligatorio, consiste en inscribir las obras que se publiquen en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos. Es criterio del suscrito, que sería recomendable realizar las inscripciones de las obras que se publican en la Escuela Judicial en el registro indicado,  ya que aunque registrar obras solo tendrá efectos declarativos, puede asegurar y proteger de mejor forma el patrimonio intelectual de la Escuela Judicial y de todo del Poder Judicial. Para realizar este tipo de inscripciones se deberá seguir lo establecido en los siguientes artículos de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos:

Artículo 103.- Para inscribir una producción, el interesado presentará, ante el Registrador, una solicitud escrita con los siguientes requisitos:

1) Nombre, apellidos y domicilio del solicitante, indicando si actúa en nombre propio o en representación de alguien, en cuyo caso deberá acompañar certificación de esto e indicar el nombre, apellidos y domicilio del representado.
2) Nombre, apellidos y domicilio del autor, del editor y del impresor, así como sus calidades.
3) Título de la obra, género, lugar y fecha de publicación y demás características que permitan determinarla con claridad.
4) En el caso de fonogramas, se indicará también el nombre del intérprete y el número de catálogo.
5) Cuando se trate de inscribir un programa de cómputo o una base de datos, la solicitud se presentará con cualquiera de los siguientes elementos: el programa, la descripción o el material auxiliar.

Artículo 104.- Cuando la obra sea cinematográfica, para su inscripción, se hará la siguiente relación:

a) Todo lo que se indica en el artículo anterior.
b) Una relación detallada del argumento, diálogo, escenarios y música.
c) Nombre y apellidos del argumentista, compositor, director y artistas principales.
ch) El metraje de la película.

Además, se acompañarán tantas fotografías como escenas principales tenga la película, en las que pueda apreciarse, por confrontación, si se trata de la obra original.

2.6. Criterios de distribución de las obras publicadas por la Escuela Judicial

Para finalizar este apartado, es necesario brindar una serie de criterios con la finalidad de distribuir las publicaciones de la Escuela Judicial de una manera adecuada y cumpliendo con lo que impone la vigente Ley General de Control Interno, que dispone lo siguiente:

Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.

Precisamente, dentro de este contexto institucional de ir creando e implementando sistemas de control interno que eviten el desperdicio de recursos públicos, es que el suscrito propone los siguientes criterios de distribución de las obras de la Escuela Judicial, que de seguido se exponen.

•	Criterios objetivos de distribución de obras de la Escuela Judicial

Estos criterios objetivos se refieren al procedimiento que la Escuela Judicial debería seguir cada vez que recibe, conserva y distribuye las obras que publica. Consistiría en lo siguiente:

-	Registro de recepción de obras publicadas: es recomendable que la Escuela Judicial cada vez que recibe una edición de una obra debidamente impresa, sea que proceda del Departamento de Publicaciones e Impresos (publicación interna) o de una imprenta contratada para realizar esos servicios (publicación externa), cuente con un registro de entrada de bienes, que serviría para hacer constar y controlar la cantidad de ejemplares que la Escuela Judicial recibe de una determinada publicación.
-	Sistema de conservación, resguardo e inventario: esto consiste en la necesidad, de que una vez recibidos los ejemplares, estos se guarden en un lugar adecuado para su conservación y además se realicen inventarios frecuentes con la finalidad de evitar perdidas u otro tipo de situaciones.
-	Registros de distribución de obras: este registro sería para hacer constar la salida o entrega de ejemplares siguiendo los criterios subjetivos que se explicarán más adelante.

Es opinión del suscrito, que los funcionarios responsables de realizar los aspectos indicados, serían el administrador de la Escuela Judicial y los coordinadores de los programas de capacitación.   

•	Criterios subjetivos de distribución de obras de la Escuela Judicial

Estos criterios estarían dirigidos a la distribución de obras en relación a las poblaciones o sujetos receptores de las publicaciones y consistirían en los siguientes:

-	Criterios de distribución de obras a los autores: estos criterios se utilizarían para determinar que cantidad de obras se les pueden entregar a los autores de las mismas. Justamente, la forma de hacerlo depende en gran medida a si el Poder Judicial cuenta o no con los derechos patrimoniales de la obra, tal y como se expone a continuación:  

•	Criterio para distribuir obras a los autores en las cuales el Poder Judicial tiene los derechos patrimoniales: como se explicó en la primera parte de este estudio, el Poder Judicial tiene los derechos patrimoniales de las obras asalariadas, las realizadas dentro de un contrato de servicios profesionales o en las que se hayan efectuado contratos de cesión de esta clase de derechos. En todos estos casos, al ser el Poder Judicial el dueño de los derechos patrimoniales, y en consecuencia el propietario absoluto de todos los ejemplares, tiene la facultad discrecional de darle al autor las obras que considere necesarias, en otras palabras, no existe ninguna obligación de nuestra institución el obsequiar ejemplares al autor, puede hacerlo o no. Ahora bien, es criterio del suscrito que sería recomendable que como gesto de agradecimiento y de buena fe, el Poder Judicial le otorgara a los autores de las obras realizadas por ellos, un número de ejemplares razonable y proporcionado para su uso personal, esto es perfectamente posible siempre y cuando sea el Consejo Directivo quien autorice la entrega de ejemplares por medio de un acuerdo en el que se indique el número de publicaciones que le dará a los autores. En este mismo sentido, la costumbre administrativa en la Escuela Judicial ha sido el entregar diez ejemplares al autor de la obra, número que al suscrito le parece razonable. No obstante, debe ser el Consejo Directivo el que determine el número de ejemplares en cada caso o emitir un acto administrativo general mediante el cual establezca el número de ejemplares que se el entregaran a los autores en todos los casos. 
     
•	Criterio para distribuir obras a los autores en las cuales el Poder Judicial no cuenta con los derechos patrimoniales: como se explicó al iniciar el presente estudio, existen obras en las cuales el Poder Judicial no cuenta con los derechos patrimoniales, y es el caso de las obras patrocinadas para su publicación, en éstas lo recomendable es suscribir con los autores los contratos de edición. Precisamente, el tema de la cantidad de obras que se les pueden otorgar a los autores de obras patrocinadas, debe resolverse al negociar los contratos de edición, ya que lo recomendable es que se incorpore una cláusula que indique el porcentaje de ejemplares a que tendrá derecho el autor. En consecuencia, en estos casos el Poder Judicial no es el propietario absoluto de los ejemplares, debe compartir sus derechos con los autores, por lo que es recomendable regular todos estos aspectos mediante los contratos de edición.  
  
-	Criterios de distribución a los funcionarios judiciales: los principales destinatarios de la publicación de obras de la Escuela Judicial, son los funcionarios judiciales. Por ello, es recomendable que la distribución de ejemplares de una determinada obra a todos nuestros funcionarios se realice siguiendo los siguientes pautas:

•	Distribución de obras dentro de una actividad de capacitación: cuando las obras publicadas tienen el objetivo de ser utilizadas dentro de una actividad de formación o capacitación, es recomendable que la distribución de los ejemplares se realice únicamente a los participantes a éstas. Asimismo, esta distribución es aconsejable que se efectué al momento de remitir el material del curso al participante, que usualmente se hace antes de iniciar la actividad de capacitación, y se utilice algún medio como listas de recepción de materiales, oficios de convocatoria entre otros,  que acredite que el estudiante recibió su respectivo ejemplar. 
 
•	Distribución de obras dentro de actividades de investigación: existen una serie de obras que son producto de las actividades de investigación que lleva a cabo la Escuela Judicial y por consiguiente no están destinadas a ser utilizadas en alguna actividad de capacitación específica, por ejemplo la Revista de la Escuela Judicial. En estos casos, la costumbre ha sido  distribuir un ejemplar de la obra en cada despacho del país. En estas situaciones de distribuciones nacionales, es recomendable que se realicen los siguientes aspectos:
o	Definir a cuales despachos se les deberá entregar la obra. Por ejemplo, si la publicación versa sobre materia civil, lo recomendable es que se distribuya únicamente en las jurisdicciones que conozcan de esta materia.
o	Planificar un plan de giras para distribuir de manera rápida y eficiente los ejemplares de las obras en los despachos previamente seleccionados.
o	Entregar un ejemplar en cada despacho por medio de una lista de entrega, en la cual se haga constar el funcionario que recibe el ejemplar, fecha y hora de recepción.    
 
-	Criterios de distribución a personas externas al Poder Judicial: respecto a la posibilidad de entregar ejemplares de obras publicadas por la Escuela Judicial, a personas externas a nuestra institución, es criterio del suscrito que no existe inconveniente, siempre y cuanto se autorice por medio del Consejo Directivo y existan razones justificadas para realizar ese tipo de entregas.   

4.	Análisis de la situación específica que se presenta con señor Jorge Alberto González
Pinto  

Después de analizar varios temas importantes relacionados con las obras que publica la Escuela Judicial y teniendo el panorama claro respecto a los aspectos legales y de procedimientos que regulan la materia de propiedad intelectual, el suscrito se avocará en este apartado a brindar una opinión jurídica respecto a la situación presentada por el señor Jorge Alberto González Pinto, de conformidad con lo solicitado por el Consejo Directivo en las sesiones Nº 8 del 16 de marzo, artículo V y Nº 22 del 31 de agosto, artículo XIII, ambas del presente año, en el sentido que a continuación se expone.

3.1. Pretensión del solicitante Jorge Alberto González Pinto

De los documentos que constan en la Escuela Judicial, y específicamente del oficio suscrito por el señor González Pinto de fecha 16 de agosto del presente año, se desprende claramente su pretensión al indicar:

“llevar a cabo la publicación por mi cuenta, una vez ya realizada la primera edición para la Escuela Judicial, de la obra de mi autoría titulada “Diccionario de Psicología Clínica Forense: Principales síndromes y trastornos. Metodología pericial”      

Por consiguiente, la presente opinión jurídica se suscribirá a analizar la situación legal de la obra indicada y el procedimiento adecuado para resolver lo solicitado por el señor Jorge Alberto González Pinto.

3.2. Situación jurídica de la obra denominada Diccionario de Psicología Clínica Forense: Principales síndromes y trastornos. Metodología pericial    

La obra escrita por el solicitante se enmarca claramente, en lo explicado en la primera parte del presente estudio, como una obra realizada bajo un contrato de trabajo o asalariada, debido a las siguientes razones:

-	Al momento de la elaboración de la obra el señor Jorge Alberto González Pinto, se desempeñaba como Psicólogo Clínico Forense en la Unidad Médico Legal de Cartago, por lo que existía una relación laboral con el Poder Judicial.

-	El Consejo Superior en sesión Nº 27-03 del 22 de abril de 2003, artículo XX, acordó lo siguiente:

Prorrogar el permiso con goce de salario, al doctor González Pinto, sin sustitución, los jueves y viernes de cada semana durante 60 días hábiles, para que se dedique en forma exclusiva a concluir el diccionario que da cuenta, en el entendido de que esa obra literaria pertenecerá al Poder Judicial, por ser un trabajo realizado en horas hábiles, respetando los derechos del autor.    

Por consiguiente, se presentan todas las condiciones explicadas respecto a obras asalariadas como son la existencia de una relación laboral, un permiso especial con goce de salario a favor del funcionario para que elabore la obra y se especifica claramente en el acuerdo del Consejo Superior los derechos del Poder Judicial sobre este Diccionario de Psicología Forense.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con los artículos 40 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y 16 del reglamento de esa misma materia, el señor González Pinto cuenta con los derechos morales de autor, por su parte el  Poder Judicial tiene a su favor los derechos patrimoniales sobre la obra indicada. Por lo tanto, el solicitante no puede realizar una publicación por su cuenta sin la autorización previa del Poder Judicial. 

Asimismo, debe indicarse que los derechos patrimoniales que tiene el Poder Judicial sobre la obra en cuestión,  cuentan con un plazo de vigencia de 25 años contados a partir de la circulación de la obra, según lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.         

3.3. Órgano competente para resolver la solicitud del señor Jorge Alberto González Pinto

Como se expuso en la segunda parte del presente estudio, la titularidad para disponer de los derechos patrimoniales de autor la tiene el Poder Judicial, por ser el ente que cuenta con personería jurídica. Asimismo, por disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el órgano llamado a representar al Poder Judicial en casos de derechos de autor sería el Consejo Superior, debido a sus potestades en aspectos administrativos. Por consiguiente, la solicitud presentada por el Lic. Jorge Alberto González Pinto, no debe ser resuelto por el Consejo Directivo, ya que este órgano, por ley y por su naturaleza jurídica, no está llamado a resolver este tipo de asuntos. Por lo tanto, le compete resolver la solicitud planteada al Consejo Superior.    

3.4. Procedimiento recomendado para resolver la solicitud presentada por el Lic. Jorge Alberto González Pinto

Como se ha expuesto, le corresponde al Consejo Superior resolver lo solicitado por el señor González Pinto, en consecuencia el suscrito recomienda el siguiente procedimiento para dar pronta solución a la petición efectuada:

-	Si el Consejo Directivo aprueba las recomendaciones indicadas en el presente documento, se recomienda que remita estas diligencias al Consejo Superior, lo antes posible, con la finalidad de que este último órgano se pronuncie al respecto.

-	Una vez recibido este asunto en el Consejo Superior, éste deberá definir si autoriza o no la publicación externa solicitada por el señor González Pinto. 

-	Si el Consejo Superior toma la decisión de autorizar la publicación externa solicitada por el autor, lo aconsejable sería, consultar, previamente, a la Procuraduría General de la República sobre los requisitos y el procedimiento adecuado que se debe seguir para ceder derechos patrimoniales de autor por parte de un ente estatal, ya que debe quedar claro que estos derechos tienen un valor económico y su transferencia equivaldría a una cesión de fondos públicos.

-	Esperar el dictamen u opinión de la Procuraduría General de la República, para que con base en éste el Consejo Superior pueda tomar una decisión definitiva.  

Conclusiones y Recomendaciones 

De conformidad con lo establecido en el presente estudio, se llega a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

-	Los institutos y la normativa que regula la propiedad intelectual en nuestro país, es recomendable que los órganos directores y los funcionarios de la Escuela Judicial la conozcan y apliquen adecuadamente con el propósito de salvaguardar el patrimonio intelectual de nuestra institución.

-	El Poder Judicial puede ser titular de derechos patrimoniales, pero nunca de derechos morales que solo les pertenecen al autor de la obra.

-	La Escuela Judicial y el Poder Judicial deberían utilizar, en los casos necesarios, instrumentos idóneos como contratos, reglamentación y actos administrativos, como los sugeridos en el presente documento, con la finalidad de proteger de manera adecuada los derechos patrimoniales que tiene a su favor.

-	En la Escuela Judicial se producen los siguientes tipos de obras: las producidas dentro de un contrato de servicios profesionales, las originadas en un contrato de trabajo, las cedidas a título gratuito y oneroso, las audiovisuales y multimediales y las patrocinadas para su publicación. En las cuatro primeras la regla general es que el Poder Judicial es el titular de los derechos patrimoniales, por otro lado, en la última nuestra institución no cuenta con esta clase de derechos.

-	En los casos de obras patrocinadas para su publicación, el Poder Judicial no es el titular de derechos patrimoniales, por lo tanto es recomendable utilizar el contrato de edición para regular adecuadamente las relaciones jurídicas de nuestra institución con los autores.   

-	Las obras que publica la Escuela Judicial tiene la naturaleza de ser bienes patrimoniales del Estado, por lo que su régimen jurídico es de carácter privado. Sin embargo, debe aplicarse normativa administrativa, ya que se han invertido fondos públicos en su producción.

-	De las obras publicadas por la Escuela Judicial, se derivan dos tipos de derechos; los patrimoniales de autor y los derechos sobre el soporte material que contiene la obra.

-	El Poder Judicial es el titular de los derechos de autor que tenga a su favor y el Consejo Superior es el órgano llamado a ejercer y proteger todos los derechos derivados de las obras publicadas por la Escuela Judicial y no el Consejo Directivo.

-	El derecho patrimonial de autor a favor del Poder Judicial, tiene un plazo de vigencia de 25 años contados a partir de la circulación de las obras, y la transferencia de este derecho se puede realizar por cualquier medio autorizado por el ordenamiento jurídico. No obstante, es recomendable que en los casos que se quiera ceder derechos patrimoniales pertenecientes al Poder Judicial, este órgano consulte previamente a la Procuraduría General de la República sobre el procedimiento adecuado que deberá seguir.   

-	Es aconsejable que la Escuela Judicial cumpla con los trámites administrativos, descritos en el presente documento, a efecto de cumplir con la normativa de derechos de autor y administrativa.

-	Es recomendable poner en práctica los criterios de distribución de las obras publicadas por la Escuela Judicial expuestos en este estudio, con la finalidad de cumplir con la normativa de control interno vigente en nuestro país.

-	La situación jurídica del Diccionario de Psicología Clínica Forense: Principales síndromes y trastornos. Metodología pericial, escrito por el señor Jorge Alberto González Pinto, es el de una obra elaborada bajo un contrato laboral o asalariada, al cumplir exactamente con las condiciones explicadas en este estudio para este tipo de obras, por lo tanto los derechos patrimoniales pertenecen al Poder Judicial y cualquier publicación externa debe ser autorizada por nuestra institución.

-	La solicitud presentada por el señor Jorge Alberto González Pinto, de publicar externamente la obra elaborada por él, debe ser resuelta por el Consejo Superior y no por el Consejo Directivo, ya que este último órgano no es competente para resolver esta clase de asuntos.

-	Si el Consejo Superior toma la decisión de autorizar una publicación externa de la obra elaborada por el señor González Pinto, se recomienda consultar, previamente, a la Procuraduría General de la República sobre los requisitos y el procedimiento adecuado que deberá seguir para ceder derechos patrimoniales de autor por parte de un ente estatal.

Bibliografía

Libros e informes:

ANTEQUERA PARILLI Ricardo (1994), El nuevo régimen del Derecho de Autor en Venezuela, Editorial Autoralex.

ANTEQUERA PARILLI Ricardo (2000), La Propiedad Intelectual en sus Diversas Facetas, Propiedad Intelectual, Temas Relevantes en el Escenario Internacional, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

ANTEQUERA PARILLI Ricardo (2004), Módulo II Derecho de Autor y Derechos Conexos, material correspondiente al Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y fiscales, organizado por SIECA, USAID.

FLORES DE MOLINA Edith (2004), Módulo I Introducción a la Propiedad Intelectual,  material correspondiente al Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y fiscales, organizado por SIECA, USAID.

GONZÁLEZ VÍLCHEZ Otto (1998), La Regulación de los Derechos de Autor dentro de la Escuela Judicial: Elaboración de Instrumentos Idóneos, Escuela Judicial.

LARREA RICHERAND Gabriel (1992), Los contratos individuales de venta, cesión o licencia en el derecho de autor, VII Congreso internacional sobre protección de los derechos intelectuales, Santiago de Chile.

 PEREZ DE ONTIVEROS BARQUERO Carmen (1993), Derecho de autor: La facultad de decidir la divulgación, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Editorial Civitas. 

Normativa:

Código de Propiedad Intelectual (2001), primera edición, Editorial Porvenir.

Ley de Contratación Administrativa y su respectivo reglamento.

Ley General de la Administración Pública.

Ley General de Control Interno.

Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.

Ley de Enriquecimiento Ilícito y su reglamento.

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ley de Creación de la Escuela Judicial.

Jurisprudencia administrativa:

Procuraduría General de la República, dictamen C-278-98 del 21 de diciembre de 1998.

Procuraduría General de la República, dictamen C-402-2003 del 19 de diciembre de 2003.

Procuraduría General de la República, dictamen C-014-2004 del 14 de enero de 2004.

Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-016-2004 del 12 de febrero de 2004.

Procuraduría General de la República, dictamen C-162-2004 del 27 de mayo de 2004.

Procuraduría General de la República, dictamen C-004-2005 del 12 de enero de 2005.”
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Anexo I
Resumen de contratos y cláusulas contractuales para regular las relaciones jurídicas del Poder Judicial y los autores de obras

a)	Cláusula para regular los derechos de autor en obras producidas dentro de un contrato de servicios profesionales o por encargo: 

Cláusula.- Derechos de Autor.

El Consultor cede al Poder Judicial los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de propiedad intelectual que se derive de los trabajos y documentos producidos durante la ejecución de esta consultoría.  Ello con fundamento en el artículo 16 de la Ley No. 6683, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Toda información, documentación y archivos pertenecientes a entidades beneficiarias de los servicios profesionales a que se refiere este contrato y que utilice el Consultor, seguirá siendo propiedad de la respectiva entidad, y el Consultor no podrá utilizarla para propósitos ajenos a este contrato.  El Consultor tampoco podrá retener información, documentación o archivos de carácter confidencial o sus copias más allá de la determinación de este contrato, salvo que expresamente el Contratante lo autorice.

b)	Contrato de edición para regular los derechos de autor en obras patrocinadas para su publicación por parte del Poder Judicial:

 Modelo de Contrato de Edición adaptado para el Poder Judicial

Nosotros, Luis Paulino Mora Mora, mayor, casado, abogado, vecino..., cédula.... en su carácter de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial, debidamente autorizado para este acto por el Consejo Superior en sesión celebrada el....., artículo....., quien en adelante se denominará "Poder Judicial" y Nombre del autor y calidades, quien en adelante se denominará el "autor"; hemos convenido en el presente contrato de edición para la publicación de obra, el cuál se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El Poder Judicial se compromete con el autor a reproducir,  publicar y distribuir la obra denominada "nombre de la obra".
SEGUNDA: El Poder Judicial publicará y distribuirá la obra con sus propios recursos financieros y bajo su propio riesgo. 
TERCERA: El autor autoriza al Poder Judicial a reproducir, publicar y distribuir el número de ejemplares de la obra que sean necesarios para los fines educativos de la institución. Asimismo, de autoriza (número de ediciones). 
CUARTA: El autor concede al Poder Judicial los derechos de reproducción, publicación y distribución de la obra solamente para fines educativos y que sólo se utilice dentro del Poder Judicial. 
QUINTA: El Poder Judicial no podrá vender ni ceder a título gratuito ni oneroso los derechos otorgados por el autor en el presente contrato.
SEXTA: El autor otorga los derechos de reproducción, publicación y distribución al Poder Judicial en forma gratuita.    
SETIMA: El autor garantiza al Poder Judicial el ejercicio pacífico de los derechos otorgados en el presente contrato.   
OCTAVA: El Poder Judicial no podrá, sin autorización escrita del autor, efectuar modificaciones, abreviaturas o adiciones a la obra.
NOVENA: El autor tendrá derecho a hacer a su obra las correcciones, enmiendas o mejoras que estime conveniente antes de la publicación de la obra.
DÉCIMA: El Poder Judicial podrá publicar la obra con las características gráficas que considere necesarias, siempre que éstas no vulneren los derechos morales del autor.
DÉCIMO PRIMERO: El autor podrá otorgar contratos de edición con otras instituciones públicas y privadas sin necesidad de autorización por parte del Poder Judicial, siempre que se respeten los derechos otorgados a esta institución.
En fe de los anterior firmamos en la ciudad de San José a las ...

Anexo II
Resumen de redacción adecuada de acto administrativo y otros instrumentos idóneos para proteger las relaciones jurídicas entre el Poder Judicial y los autores de obras

a)	Redacción recomendada para un acto administrativo que concede un permiso con goce de sueldo a un funcionario judicial para que elabore una obra en favor del Poder Judicial (obra asalariada):

SE ACUERDA: Aprobar permiso con goce de sueldo (con sustitución o si ella) al funcionario (nombre del servidor) para que se dedique (tiempo completo o parcialmente) durante el periodo comprendido entre (fechas que abarca el permiso) para elaborar la obra denominada (nombre de la investigación u obra), en favor del Poder Judicial. La obra que se origina en el presente permiso, pertenecerá al Poder Judicial en cuanto a los derechos patrimoniales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 6683 de Derechos de Autor y Derechos Conexos y artículo 16 del Reglamento Nº 24611-J de esta misma materia.

b)	Redacción y orden recomendados para los créditos de las personas que intervinieron en la producción de obras audiovisuales y multimediales:*

Puesto	Descripción	
Dirección y Subdirección	Se refiere a los puestos de Director(a) y Subdirector(a) por cuanto las políticas y apoyo de la instancia superior de la EJ es indispensable para el desarrollo de las aplicaciones multimedia como proyectos complementarios para los programas de capacitación que se ejecutan.	
Especialistas en contenidos	Se refiere a quienes producen intelectualmente los materiales didácticos que se utilizan o integran en los productos multimediales, ya sea artículo, libro, antología, presentaciones en power point, grabaciones de audio o video o cualquier  material complementario que se integre en el producto multimedial. Se destaca también la participación de estos especialistas en la creación del guión multimedial. 	
Coordinador(a) de la actividad académica	Se refiere al coordinador(a) de la actividad académica, ya sea curso de capacitación, conferencia, etc., se requiere la coordinación con los especialistas en contenidos y el (la) asesor(a) pedagógico(a) para la realización del guión multimedial, materiales didácticos y demás que requieren las unidades de audiovisuales y de producción multimedial para la realización del producto.	
Asesor(a) metodológico(a)	Hace referencia a la asesoría pedagógica que requiere tanto la realización de los materiales didácticos como el propio producto multimedia, dicha asesoría es necesaria para la elección del producto multimedia más adecuado según las necesidades, así como los recursos técnicos necesarios, tales como audio y video, creación del diseño gráfico, iconos, navegación, tratamiento de contenidos y estructura de los mismos, entre otras cosas.	
Revisor(a) filológico(a)	Es indispensable que los materiales didácticos que se integrarán en el producto multimedia cumplan con el proceso de revisión filológica según lo estipulado por el grupo de trabajo a cargo de este proceso, en el caso de EJ la UMAT. 	
Producción audiovisual 	Se refiere al grupo de trabajo encargado de la producción del audio y video, este grupo puede estar integrado por más de una persona, en la mayoría de casos, productor(a) audiovisual, asistente de producción, guionista, fotógrafo, entre otros.	
Producción multimedial	Se refiere a quienes realizan la producción técnica del producto, incluye el diseño gráfico, elementos de navegación, iconografía, integración de audio y video y material didáctico o contenidos, el grupo de trabajo estaría integrado por diseñador(a) gráfico(a), especialista en informática, asesor(a) metodológico(a), asistente, entre otros.	
Auxiliares judiciales	Se refiere a quienes colaboran en las labores de logística y asistencia que se requiere para la realización del producto multimedia, estas tareas pueden incluir digitación de texto, escaneo de fotografías, impresión y reproducción de documentos, trámites administrativos entre otros.	

SE ACUERDA: Aprobar el informe rendido por el Lic. Otto González Vílchez y trasladarlo al Consejo Superior para su conocimiento.  En virtud del informe antes dicho, resulta también indispensable trasladar la solicitud planteada por  el  Lic. Jorge Alberto González Pinto, autor del  “Diccionario de Psicología Clínica Forense: Principales síndromes y trastornos.  Metodología pericial”,  para que el Consejo Superior resuelva lo que considere conveniente en cuanto la eventual publicación de la obra de don Jorge Alberto, por cuenta propia.  ACUERDO FIRME.”

ARTÍCULO IV

La Mag. Calzada informa que ha tenido noticia de que en Chile existe una política muy eficiente de financiamiento de actividades de capacitación.  Aprovechando su participación en un Seminario Internacional, tuvo la oportunidad de conversar con especialistas chilenos en la materia, quienes le ratificaron que su estrategia se basa en la conformación de una Fundación o Instituto, que toma parte de los insumos que le da la Escuela Judicial chilena, y procede a vender servicios tales como elaboración y venta de obras jurídicas, realización de cursos y seminarios, construcción de materiales educativos, etc.  El dinero obtenido con esta venta de bienes y servicios se vuelve a utilizar en capacitación de los jueces dentro del Poder Judicial.  Toda la estrategia, por supuesto, no tiene ningún objetivo de lucro personal, y se hace con la única meta de apoyar las estrategias de capacitación del Poder Judicial.

Al respecto, manifiesta que ha estado pensando el asunto y considera que si la Escuela Judicial tiene todos los instrumentos sería deseable que asuma una estrategia similar, máxime que nuestras publicaciones son de gran calidad y altamente valoradas en el foro nacional, así como también nuestras actividades de capacitación, las cuales son de gran interés para muchas personas.  Por lo anterior, es que sugiere que se la posibilidad de que se vendan las publicaciones y actividades educativas por medio de una Fundación con el propósito de que los fondos que se obtengan se reinviertan en capacitación. 

El Lic. Horacio González considera  que se debe analizar el asunto,  ya que la Escuela actualmente cuenta efectivamente con un valor que podría  explotar, y no  tenerlo guardado.  Una iniciativa como esta podría ayudar a fortalecer las políticas educativas del Poder Judicial.

La Mag. Calzada propone que se realice un convenio con la  Comisión Nacional  para la Administración  de Justicia (CONAMAJ)  para que por medio de ellos se vendan las obras.  La CONAMAJ es una Fundación que puede recibir fondos de la venta de cursos, obras, asesorías etc.  Al respecto considera conveniente constituir una comisión bipartita compuesta por miembros de la Escuela Judicial y de CONAMAJ para que estudien la forma jurídica de este convenio y las formas posibles en que sería posible implementar una iniciativa como la que se está ahora discutiendo.

El Dr. Chirino manifiesta que esta idea es una excelente forma de obtener ganancias para apoyar las actividades de la Escuela Judicial, sin embargo, recuerda que los fondos no pueden ingresar directamente como dinero a las arcas de la Escuela Judicial, ya que todo dinero que se done o se dirija a la Escuela Judicial tendría que ingresar a la caja única del Estado.  Quizá lo conveniente sería obtener donaciones en bienes y servicios que aporten a las tareas que la Escuela se vaya fijando.  También habría que considerar los costos administrativos que asumiría la CONAMAJ del manejo de estos proyectos.

SE ACUERDA:  Comisionar al Lic. Otto González Vílchez, Abogado de la Escuela Judicial para que se reúna con la Mba. Sara Castillo, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de Administración de Justicia (CONAMAJ), con el fin de que hagan una propuesta de un Convenio marco  para que a través de ellos se realice la venta de obras publicadas por la Escuela, cursos etc.  ACUERDO FIRME.”

ARTICULO V

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, informa al Mba. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe Departamento de Personal, que el programa de Auxiliares Judiciales a Distancia se suspendió este año para proceder a evaluarlo.  Dicho Programa fue muy exitoso, tanto en términos de la población abarcada, así como de los materiales educativos que fueron producidos durante la vigencia del mismo.  No obstante, es un hecho que la población de auxiliares es sumamente cambiante, tiene expectativas profesionales y laborales muy exigentes, y hace casi imposible orientar un esfuerzo como el que habíamos planificado hoy, ya que buena parte de esos servidores se encuentra terminando sus estudios jurídicos con el legítimo objetivo de iniciar sus exámenes de oposición a una plaza en el Poder Judicial.  Quizá, sugiere el Dr. Chirino, sería conveniente que este Programa sea entendido como un programa inicial para candidatos a ser elegidos en las diversas plazas que vaya creando el Poder Judicial en los servicios de apoyo a la judicatura.

Hay que tener en cuenta, recuerda Don Alfredo, que el Programa de Auxiliares Judiciales, contiene información en el trámite de causas civiles, laborales, penales y familiares, lo que permite a los eventuales candidatos formación completa para asumir las labores de apoyo en cualquiera de las jurisdicciones donde haya necesidad de nuevos servidores.  En esta tesitura, el Programa de Auxiliares se convertiría entonces, en un instrumento valioso para la preparación de los futuros servidores, y podría tener interés para ser asumido por el Departamento de Gestión del Factor Humano, dentro de una política integrada de selección y preparación de nuevos servidores de apoyo a la actividad jurisdiccional, hacia donde parece dirigirse toda la estrategia de nuestro Poder Judicial.

SE ACUERDA: Tomar nota.” 

ARTICULO VI

La señora María Elena Hidalgo, Prosecretaria General Interina, en oficio N°8818-05 de fecha 29 de setiembre de 2005, transcribe acuerdo del Consejo Superior de la sesión N°76-05 celebrada el 27 de setiembre de 2005, que literalmente dice:

“ARTÍCULO XLIII

El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° 162-CD/EJ-05 de 1° de setiembre en curso, transcribe el acuerdo del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en sesión N° 22 celebrada el 31 de agosto último, artículo II, que dice:

“El Lic. Román Bresciani Quirós, Abogado de la Escuela Judicial, en oficio EJ-UJ-195-2005 de fecha 23 de agosto de 2005 dice:

“Respetuosamente someto a su consideración el borrador del documento denominado “Acuerdo de Cooperación entre el Poder Judicial de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.).” 
El propósito de dicho acuerdo es el de promover el intercambio educativo, de capacitación, de investigación y de información nacional e internacional en área definidas de interés, congruentes con los objetivos institucionales respectivos. Para ello, dichas instituciones facilitarán los medios electrónicos, telemáticos, telefónicos y tecnológicos en general, disponibles en forma gratuita para ambas.”
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“ACUERDO DE COOPERACIÓN
ENTRE
EL PODER JUDICIAL DE COSTA RICA
Y
EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (I.C.E.)

El presente acuerdo de cooperación, en adelante “el ACUERDO”, se suscribe entre el Poder Judicial de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.), en adelante referidos como “las PARTES”, las cuales:
I.- Conscientes de las relaciones de cooperación interinstitucional que existen entre ambas.
II.- Tomando en consideración que el propósito de este ACUERDO es el de promover y expandir actividades de cooperación entre éstas, en apoyo del desarrollo académico de ambas, y
III.- Considerando que las metas mutuas son las de promover el desarrollo académico de sus funcionarios y fortalecer las capacidades profesionales y la profundización de las relaciones interinstitucionales, acuerdan a través de sus representantes, el ingeniero Pablo Cob, Presidente Ejecutivo del I.C.E. y el doctor Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevar a cabo lo establecido en el siguiente clausulado:
PRIMERA: Este ACUERDO busca establecer la base de cooperación en la promoción de actividades académicas, tales como el intercambio educativo, de capacitación, de investigación y de información nacional e internacional.
SEGUNDA: Las PARTES se comprometen en promover el desarrollo, implementación y difusión de actividades académicas dirigidas al enriquecimiento del recurso humano, investigación, capacitación e información en áreas definidas de interés mutuo congruentes con los objetivos de las PARTES, para lo cual se facilitaran los medios electrónicos, telemáticos, telefónicos y tecnológicos en general, disponibles en forma gratuita para ambas.
TERCERA: Una comisión conformada por funcionarios designados por ambas PARTES, en adelante denominada “la COMISIÓN”, se constituirá y promoverá el desarrollo de actividades académicas en las áreas de interés particular de las PARTES. La COMISIÓN elaborará un plan de actividades anual para desarrollar y coordinar.
CUARTA: Para cada actividad académica desarrollada dentro del contexto de este ACUERDO, se deberá definir su alcance, el lugar de ejecución, los funcionarios responsables para su realización, la duración de cada actividad, los recursos necesarios para su realización, así como las responsabilidades y los procedimientos pertinentes.
QUINTO: Por parte del Poder Judicial, el desarrollo e implementación de las actividades académicas relacionadas con este ACUERDO, serán coordinadas y administradas a través de la Escuela Judicial.
SEXTO: Este ACUERDO entrará en vigencia en el momento de su firma y tendrá un plazo de duración de cinco años, prorrogable por períodos iguales y sucesivos. Cualquiera de las PARTES podrá dar por finalizado este ACUERDO mediante aviso por escrito, el cual tendrá que ser notificado con tres meses de anticipación.
En fe de lo anterior, el presente ACUERDO se firma en duplicado, a los _____ días del mes de _______ del dos mil cinco.
		
Mag. Luis Paulino Mora Mora              Ing. Pablo Cob
Presidente                                            Presidente Ejecutivo
Corte Suprema de Justicia          Instituto Costarricense de Electricidad		
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SE ACUERDA: Se acuerda aprobar el “Acuerdo de Cooperación entre el Poder Judicial de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.)” tal y como aparece transcrito. Comuníquese al Mag. Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte Suprema de Justicia para lo que corresponda. ACUERDO FIRME.”
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Previamente a someter el comunicado anterior a conocimiento de esta Consejo, se trasladó a estudio del Profesional en Derecho de la Secretaría General de la Corte, licenciado Róger Calderón Mora, quien emitió la siguiente recomendación:
“Por lo anterior y con base a los cambios realizados al Acuerdo de Cooperación del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Electricidad, salvo mejor criterio, es conveniente se autorice al señor Presidente de la Corte a suscribir el mismo, para lo que adjunto un borrador confeccionado con los parámetros que debe cumplir para su eventual firma.”
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Se acordó: Aprobar el proyecto de acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad, en consecuencia autorizar al señor Presidente a la suscripción correspondiente. Se declara firme este acuerdo.” 
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SE ACUERDA: Tomar nota.

ARTICULO VII

La Licda. Loyree J. Muñoz Vargas, Jueza Penal de Pococí y Guácimo, en oficio de fecha 29 de octubre del 2003 dice:

“Recientemente se ha presentado en este Despacho una situación que nos preocupa y que concierne precisamente a un aspecto de interpretación legal que han hecho dos distintos Despachos Judiciales sobre un mismo punto.  Si bien es indudable la independencia del juzgador al momento de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, siendo la Constitución y la Ley sus limitantes, en un tema procesal concreto tanto el Tribunal de Juicio local como este Juzgado Penal, en atención a esa regla de interpretación legal que hemos aplicado, discernimos profundamente en el tema atinente a la realización de una Reconstrucción de hechos cuando dentro de una audiencia preliminar, esa probanza ha sido admitida como prueba para el juicio, lo que a la postre podría llevarnos a errónea aplicación de la ley y dar lugar a  retrasos innecesarios del proceso.

Dentro de la tesis que nuestro Juzgado Penal ha defendido, señalamos –como es sabido por todos- que el proceso penal que nos regula ha dispuesto una serie de fases o etapas procesales, cada una de ellas bien definida.

Hemos sostenido que en la fase intermedia cuya principal manifestación es la audiencia preliminar, la legislación ha previsto la recabación probatoria de forma excepcionalísima y con el fin exclusivo de resolver cuestiones propias de la audiencia, evitando discutir cuestiones que solamente incumben al Tribunal de Juicio conocer y resolver (ver artículos 317 último párrafo y 318 del Código Procesal Penal).  Lo anterior deriva de que en la audiencia preliminar no rige el principio de inmediación, el cual por excelencia se cumple en la fase del contradictorio.  Con esa marcada excepcionalidad de recibir prueba en fase intermedia, se procura evitar que la audiencia preliminar se convierta en un juicio anticipado.

En este sentido, la Sala Constitucional –cuyos pronunciamientos son vinculante erga hommes (art. 13 Ley de Jurisdicción Constitucional)-. Ha indicado que:  “De conformidad con lo dispuesto por los artículos 316 a 319 del Código Procesal Penal, durante la audiencia preliminar no  procede determinar la certeza de culpabilidad del imputado, sino únicamente emitir un juicio de probabilidad al respecto.  En  consecuencia, la amplitud del derecho a que se reciban las pruebas es menor que la que existe con respecto al juicio oral y público.  Los elementos probatorios que se evacuan en la fase intermedia, deben estar destinados a acreditar los extremos que provoquen la paralización de la acción, que evidencien su falta de fundamento, o que logren una modificación de la imputación.  Admitir la pretensión del accionante en el sentido de que se evacue durante la audiencia preliminar la prueba ofrecida por las partes- a pesar de que no se requiera para la determinación del juicio de probabilidad –significaría convertir esta audiencia en juicio anticipado.” (negrita es suplida). Ver Voto N° 2939 del 26 de abril de 1999).

Es claro, anuestro criterio, que si el Juzgado Penal dispone la Apertura a Juicio de una causa, es porque estima que el juicio de probabilidad que la fiscalía ha estimado, sí existe y que las probanzas que se admiten para ser recabadas en el contradictorio son para resolver el fondo del asunto y no algún aspecto propio de la audiencia preliminar, fase que al acordar la Apertura a Juicio ha sido superada y la parte oferente no está proponiendo de forma alguna esa prueba para desvirtuar el juicio de probabilidad ya estimado.  El Tribunal de Juicio local sin embargo, ha devuelto los autos con el fin de que sea este Despacho el que proceda a cumplir una Reconstrucción de Hechos.

A nuestro juicio resulta indiscutible que si en el Juicio se desarrollan en su máxima expresión los principios de inmediación, concentración y oralidad de la prueba –propios del sistema acusatorio al que nuestra legislación vigente aspira- tal elemento de prueba debe recibirse al tenor de tales principios, sobretodo cuando del mismo se pueden extraer la forma en que pudo acontecer el hecho acusado, dado que implica necesariamente la reproducción de “circunstancias y episodios atinentes a ciertos medios de prueba para verificar su exactitud, posibilidad o verosimilitud”.  (Florian, citado por Llobet Rodríguez Javier: Proceso Penal Comentado, 1ª de . San José, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, 1998, pág. 461).

Lo anterior, según estimamos, resulta lógico y congruente con la función resolutiva que incumbe al Tribunal de Juicio, pues al tener que decidir de forma definitiva el asunto, lo propio es que tenga a su inmediato alcance y pueda constatar con sus propios sentidos lo que pudo haber sucedido, esto incluso de boca de los mismos testigos ofrecidos por ambas partes, no a través de un acta en la que se consigna lo que percibe otro funcionario y dentro de una fase en la que no se resuelve el fondo del proceso.

Para mayor abundamiento, la misma Sala Constitucional se ha pronunciado a favor del derecho de las partes a ofrecer prueba y que ésta sea recibida en el juicio oral y público, de modo que solo excepcionalmente y por resolución fundada podría rechazarse la prueba ofrecida, y ello solo en los supuestos de evidente impertinencia o abundancia (ver al respecto Votos 2103-96, 2405-96, 2408-96, 6517-96 y 1670-97).  Incluso la misma legislación (art. 334 inciso a) procesal) confirma la preeminencia de los principios de oralidad y de inmediación.

Estmamos importante indicar que en la resolución con la que el señor Juez de Juicio dispone el reenvío del asunto al Juzgado Penal para que sea éste el que realice la Reconstrucción de Hechos, refiere en su resolución que al tenor del artículo 324 “los asuntos remitidos a la etapa de juicio, deben ingresar al despacho del tribunal, listos para ser señalados a debate (art. 324 CPP), es decir, sin pruebas pendientes de evacuar, en donde con la prueba recabada, se dilucide y vierta fallo.” (negrita es suplida página 68 del legajo principal).  Ante tal aseveración pareciera que entonces ningún sentido tiene el juicio oral que compete al Tribunal, pues si se resuelve con lo que se recabó en otras fases ya superadas, los principios de inmediación, oralidad y concentración de la prueba, propios del contradictorio parecen ceder ante un proceso escrito e inquisidor ya superado o que por lo menos a ello orienta la Administración de Justicia en materia Penal.

Por las razones dadas, respetuosamente les solicitamos aclarar cuál sería la forma correcta de interpretar las normas mencionadas y en caso concreto de probanzas como la reconstrucción de hechos, nos orienten a fin de definir si cuando esa prueba es admitida como prueba para realizarse en el juicio oral y público ¿cuál es el Despacho que debe recabarla: el Juzgado Penal que la admite y que ya ha dado por sustentado el juicio de probabilidad, o es el Tribunal del Juicio el que debe realizarla no solo por haberse admitido en fase intermedia sino porque la misma no se ofrece para resolver cuestiones propias de la audiencia preliminar sino del debate?.”
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La Licda. Alejandra Monge Arias, Abogada de la Escuela Judicial, en oficio EJ-UJ-231-05 de fecha 11 de octubre de 2005 dice:

“Me refiero a la consulta planteada por la Licda. Loyree J. Muñoz Vargas Jueza del Juzgado Penal de Pococí y Guácimo, en la que cuestiona  en relación  con la reconstrucción de hechos que se admite como prueba para realizarse en el juicio oral y público, ¿Cuál es el despacho que debe recabarla, el Juzgado Penal que la admite y que ya ha dado por sentado el juicio de probabilidad? o ¿Si es el Tribunal de Juicio el que debe realizarla, no solo por haberse admitido en la fase intermedia, sino porque la misma no se ofrece para resolver cuestiones propias de la audiencia preliminar sino del debate?

No omito manifestar que en escritos posteriores suscritos separadamente por el juez  Andrés Hernández Quesada y por la jueza María Mora Ramírez (ambos del Juzgado Penal de Pococí), se solicita respuesta a la consulta planteada por la Licda. Muñoz, indicando que en el legajo N° 01-201576-485-PE (691-2-03) contra López Obando María por el delito de lesiones culposas, en daño de Sáenz Silva Flor María, la acción penal estaba suspendida hasta contar con la respuesta de la Escuela Judicial. 

Al respecto en la respuesta  a ese escrito se indicó: “(...) la Escuela Judicial no debe pronunciarse sobre asuntos específicos que se encuentren en trámite. Asimismo, nuestra legislación procesal penal no contempla la suspensión de la acción penal, bajo el fundamento de que esté en trámite una consulta en la Escuela Judicial, máxime que el informe producto del análisis de una consulta no es vinculante.” (Ver oficio DIR-436-04). A pesar de esto, en oficio suscrito por la Licda. Loyree Muñoz con fecha de recibido de 24 de agosto del año en curso,  hace alusión nuevamente al legajo antes citado.

De acuerdo con lo anterior, se somete el resultado del análisis de la consulta a su conocimiento, para que resuelva usted lo que estime pertinente.
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I Antecedentes

	Señala la Licda. Muñoz en la consulta planteada que le preocupa la interpretación legal que han dado dos distintos despachos judiciales sobre un mismo punto, a saber la reconstrucción de hechos, cuando dentro de una audiencia preliminar, esa probanza ha sido admitida como prueba para el juicio.

De las manifestaciones de la Licda. Muñoz se desprende que el Juzgado Penal sostiene la tesis de que en la fase intermedia, cuya principal manifestación es la audiencia preliminar, la legislación ha previsto la recabación probatoria de forma excepcionalísima y con el fin exclusivo de resolver cuestiones propias de la audiencia, evitando discutir cuestiones que solamente incumben al Tribunal de Juicio. Cita los artículos 317 último párrafo y 318 del Código Procesal Penal e indica que (...)en la audiencia preliminar no rige el principio de inmediación, el cual por excelencia se cumple en la fase del contradictorio. Con esa marcada excepcionalidad de recibir prueba en fase intermedia, se procura evitar que la audiencia preliminar se convierta en un juicio anticipado.

Indica además (Remitiendo al voto 2939-99) que la Sala Constitucional ha señalado que de conformidad con los artículos 316 a 319 del Código Procesal Penal, durante la audiencia preliminar no procede determinar la certeza de culpabilidad del imputado, sino únicamente emitir un juicio de probabilidad al respecto. En consecuencia, la amplitud del derecho a que se reciban las pruebas es menor que la que existe con respecto al juicio oral y público. Los elementos probatorios que se evacuan en la fase intermedia, deben estar destinados a acreditar los extremos que provoquen la paralización de la acción, que evidencien su falta de fundamento, o que logren una modificación de la imputación. Admitir la pretensión del accionante en el sentido de que se evacue durante la audiencia preliminar la prueba ofrecida por las partes – a pesar de que no se requiera para la determinación del juicio de probabilidad – significaría convertir esta audiencia en un juicio anticipado. 

	Señala que al disponerse la apertura a juicio de una causa, el Juzgado Penal considera que el juicio de probabilidad que la fiscalía ha estimado, sí existe y que las probanzas que se admiten para ser recabadas en el contradictorio son para resolver el fondo del asunto y no algún aspecto propio de la audiencia preliminar (...) y la parte oferente no está proponiendo en forma alguna esa prueba para desvirtuar el juicio de probabilidad ya estimado. 

Considera importante indicar que el juez de juicio dispone el reenvío del asunto al Juzgado Penal para que este realice la reconstrucción de hechos con base en el artículo 324: los asuntos remitidos a la etapa de juicio deben ingresar al despacho del tribunal, listos para ser señalados a debate (art. 324 CPP), es decir, sin pruebas pendientes de evacuar, en donde con la prueba recabada, se dilucide y se vierta fallo. Al respecto la posición de la Licda. Muñoz es: ...pareciera que entonces ningún sentido tiene el juicio oral que compete al Tribunal, pues si se resuelve con lo que se recabó en otras fases ya superadas, los principios de inmediación, oralidad y concentración de la prueba, propios del contradictorio,  parecen ceder ante un proceso escrito e inquisidor ya superado...

En resumen, la Licda. Muñoz consulta en relación con la reconstrucción de hechos admitida como prueba: ¿Cuál es el despacho que debe recabarla, el Juzgado Penal que la admite y que ya ha dado por sentado el juicio de probabilidad? o ¿Si es el Tribunal de Juicio el que debe realizarla, no solo por haberse admitido en la fase intermedia, sino porque la misma no se ofrece para resolver cuestiones propias de la audiencia preliminar sino del debate?

	La consulta fue dirigida originalmente a la Comisión de Asuntos Penales y ésta resolvió no emitir criterio por considerar que involucra aspectos que deben ser dilucidados en sede jurisdiccional, pues no comprende sólo cuestiones prácticas, por lo que dispuso remitirla a la Escuela Judicial, para lo que se estime pertinente.

II Resolución

	Aclaración: Antes de entrar en materia, es necesario señalar dos aspectos que se estima importante considerar:
	  En atención a las disposiciones que rigen la competencia de la Escuela Judicial para evacuar consultas, el análisis se realiza en términos generales, sin que ello pretenda dar pie para su aplicación a un caso específico.
•	De acuerdo con el quehacer de la Escuela, la admisión y estudio de una consulta conlleva un enriquecimiento de orden académico y la posibilidad de permitir la sana discusión sobre diversos temas de interés jurídico. Debe hacerse énfasis en que el informe resultante, no es vinculante en forma alguna, ni pretende tener incidencia directa en casos similares que se encuentren en trámite en un despacho judicial.

	En cuanto al fondo: A nuestro parecer, es necesario considerar que el elemento fundamental para decidir acerca de quien debe recabar la prueba lo es la finalidad que tenga la parte que la propuso. O sea que la respuesta a quién debe realizar la diligencia no está en la naturaleza de la prueba (testimonio, reconstrucción de hechos, etc.), sino en la finalidad que se busca, es decir, si por ejemplo lo que se pretende es que se traiga a los autos un documento que demuestre que el acusado se encontraba detenido para la fecha de los hechos y por lo tanto no pudo haberlos cometido, con lo cual se dictaría un sobreseimiento por no ser el acusado el autor del delito, lo que procedería sería que el juzgado penal lo recabara porque encajaría dentro de las discusiones que competen a la audiencia preliminar. Sin embargo, si se quiere realizar una reconstrucción de hechos para demostrar que, un testigo no podía ver desde un determinado lugar y con eso se pretende descalificar su declaración y además hay otros elementos que la defensa pretende combatir en juicio lo procedente es que el Tribunal de Juicio practique la prueba, justamente porque con base en la inmediación en la recepción de la misma, es que podrá valorar y decidir acerca del asunto.

Consecuentemente opina el Lic. Madrigal Zamora, que entonces el punto a considerar lo es que un juzgado penal no podría rehuir sus funciones derivando toda recabación de prueba hacia el tribunal de juicio alegando que no le corresponde discutir cuestiones propias del juicio, por cuanto hay discusiones propias de la audiencia preliminar que podrían suponer la finalización de la causa (como se señala en el ejemplo mencionado en el párrafo anterior) y que legítimamente se pueden realizar durante dicha audiencia.  Asimismo, si la prueba lo que pretende es demostrar un tema propio del debate, debe producirse durante este,  con la importancia por supuesto, que se facilita al tribunal de juicio realizar una valoración de la credibilidad que le merezcan los aspectos sometidos a su conocimiento en forma directa, como por ejemplo, la reacción de los testigos.

La siguiente cita ilustra lo anterior:

Nada impide que la reconstrucción del hecho sea realizada durante el juicio. Para su admisión el juez o el tribunal verificará la pertinencia y utilidad de la prueba. Podrá ser ordenada de oficio cuando existieren nuevas circunstancias que la tornen procedente. O bien por ofrecimiento de parte durante la instrucción suplementaria o el debate.

Cualquiera que sea la etapa del proceso, lo importante para su procedencia es la pertinencia y relevancia que el hecho a reconstruir tenga para la causa. (La negrita no corresponde al original)

De acuerdo con nuestro Código Procesal Penal, no habría impedimento para que la reconstrucción de hechos sea realizada por un juzgado penal o bien por el tribunal de juicio, siempre tomando en cuenta los principios que informan el proceso penal.

	En cuanto al argumento esgrimido por el Tribunal de que: los asuntos remitidos a la etapa de juicio deben ingresar al despacho del tribunal, listos para ser señalados a debate (Art. 324 CPP), es decir, sin pruebas pendientes de evacuar, en donde con la prueba recabada, se dilucide y se vierta fallo, en nuestra opinión merece el siguiente comentario:

Lo que el artículo 324 supone no es que toda la prueba tiene que estar recabada sino que la misma tiene que estar definida, es decir, el juzgado penal no puede dejar de pronunciarse sobre los elementos probatorios ofrecidos y ese pronunciamiento debe suponer además señalar con precisión el lugar donde la prueba debe ser localizada en caso de que se trate de elementos que no consten en el expediente.  Pero de ninguna manera la debida preparación del caso puede suponer el que toda la prueba tenga que estar evacuada.

En sentido estricto podría decirse que lo más garantista para las partes, sería que toda la prueba se produjera durante el debate, que los peritos llegaran a rendir su dictamen e incluso practicar las pericias durante el juicio, salvo aquellos casos en que por  la naturaleza de la prueba no pueda practicarse en público o en una sala de juicio.  Esto obviamente sería muy caro y hasta engorroso, por ello el sistema permite que prueba producida durante la investigación se incorpore al juicio, pero esa posibilidad no supone la prohibición de que la prueba se produzca durante la fase final del proceso, sino que es solo una posibilidad por razones prácticas y de utilidad por celeridad procesal.

Conclusión

Para contestar la pregunta realizada por la Licda. Muñoz en relación con la reconstrucción de hechos admitida como prueba, se estima que de acuerdo con el análisis realizado el elemento fundamental para decidir quien debe recabar la prueba, es la finalidad que tenga la parte que la propuso, no existiendo impedimento alguno de acuerdo con el Código Procesal Penal, y en atención a los principios que informan el proceso, para que de acuerdo con las circunstancias, sea el juez penal o el tribunal quien realice la reconstrucción del hecho.

Bibliografía 

•	GÓMEZ ORBANEJA  y HERCE QUESADA, citados por, QUINTERO OSPINA (Tiberio) Las pruebas en materia penal. Librería Jurídicas Wílches. Bogotá, Colombia. 1991.
•	JAUCHEN (Eduardo M.) La prueba en materia penal. Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, Argentina, 1992.
•	Código Procesal Penal.
•	Consulta realizada al Lic. Roberto Madrigal Zamora, Defensor Público, Tribunales de Cartago.
•	Consulta realizada a la Dra. Sandra Zúñiga Morales, Jueza del Tribunal de Alajuela.
•	Consulta realizada a la Licda. Ileana Guillén Rodríguez, Jueza del Tribunal de Heredia.
•	Voto n° 2939-99. Sala Constitucional.
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SE ACUERDA:  Aprobar el informe anterior.  Comuníquese a la Licda. Loyree J. Muñoz Vargas, Jueza del Juzgado Penal de Pococí y Guácimo para su conocimiento y asimismo se le indica que nuestra legislación procesal penal no contempla la suspensión de la acción penal, bajo el fundamento de que esté en trámite una consulta en la Escuela Judicial.   La Mag. Ana Virginia Calzada Miranda, se abstiene de votar. ACUERDO FIRME.

ARTICULO VIII

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio EJ-CAP-380-2005 de fecha 12 de octubre de 2005 dice:

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en la sesión No.23, celebrada el 28 de setiembre de este año, artículo IV, me permito referirme a los dos temas que contiene el acuerdo, uno, el caso del señor Henry Ugalde Muñoz y dos, presentar una propuesta de modificación del artículo 25 del Reglamento de la Escuela Judicial.

         Comenzaré con el segundo tema,  tarea  que ya me fue encomendada por el Consejo Directivo en la Sesión No. 13-99 del 2 de diciembre de 1999, Artículo VII, y en esa oportunidad remití al Dr. Alfredo Chirino Sánchez, el oficio CAP-760-99, de fecha 15 de diciembre de 1999, donde propuse que  el artículo 25 del Reglamento de la Escuela Judicial ( No de la Ley No. 6593),  se redacte de la siguiente forma:

“ Artículo 25.- Quienes no aprobaren un curso, tendrán derecho a realizar una prueba extraordinaria, solamente  si su  promedio final es igual o superior a sesenta y cinco por ciento en la escala de a 1 a 100.
Lo anterior no aplicará en aquellos casos en que el curso esté constituido por varias materias y el alumno repruebe más de tres de ellas, toda vez que se producirá la pérdida del curso, con todos sus efectos.

Quien en un curso constituido por varias materias, haya reprobado tres materias o menos, con un promedio superior a sesenta y cinco por ciento tendrá derecho a realizar una prueba extraordinaria en cada materia. La aprobación del examen extraordinario corresponderá a una calificación final de setenta por ciento, en todos los casos.

La pérdida de alguna de esas pruebas extraordinarias producirá la reprobación total del curso, con todos sus los efectos que se deriven de la existencia de algún contrato de adiestramiento suscrito entre el estudiante y el Poder Judicial.

De manera excepcional y en casos muy calificados, el Consejo Directivo de la Escuela, a solicitud del interesado, podrá razonadamente, autorizar a un alumno para realizar una segunda y última prueba extraordinaria, en cuyo caso y de previo a resolver revisará el rendimiento académico del estudiante durante el curso, su comportamiento y cualquier otro aspecto de relevancia, a fin de aplicar esta excepción solamente a quienes así lo merezcan.”

     Esta propuesta no permite la opción de repetir un curso o una materia, pero sí se da la oportunidad de realizar un examen extraordinario y no en todos los casos, sino solo en aquellos en que la nota  obtenida sea superior a 65.  Si un participante reprueba una materia o un curso con una nota inferior a 65, pierde el curso, no hay examen extraordinario, ni repite el curso.  

     Posteriormente, en fecha 18 de enero del 2000, en el oficio CAP-041-2000, adicioné al oficio CAP-760-99, señalando que la modificación al artículo 25 del Reglamento de la Escuela Judicial, provocaría la derogación de los artículos 8 y 10 del Reglamento de Evaluación del Rendimiento Académico y Aprovechamiento Escolar, vigente desde el 26 de setiembre de 1990 y además, que en todo caso el Proyecto de Reglamento de Evaluación que desarrollaba la Escuela Judicial en esa época, sustituiría y derogaría totalmente el Reglamento de Evaluación del Rendimiento Académico y Aprovechamiento Escolar.

       El Consejo Directivo, aprobó el Reglamento de Evaluación elaborado por la Escuela Judicial, en la sesión N° 06-00, del 6 de abril del 2000, Artículo V, documento que fue remitido a Corte Plena el  10 de abril del 2000 con oficio No.050-CD/EJ-00.

        En la sesión No.07 celebrada el 2 de junio del 2000, el Consejo Directivo conoció nuevamente sobre el tema de la reprobación de Cursos de la Escuela Judicial por motivo de ausencias y procedió a modificar el artículo 36 del Reglamento de Evaluación anteriormente citado, y  SE ACORDO: “ Aprobar el acta No.06-2000, del 6 de abril del 2000 con las modificaciones indicadas. Comisionar al Dr, Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela para que envíe un addéndum a Corte Plena aclarando el artículo V de la sesión 6-00 del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, celebrada el 6 de abril del año en curso sobre el artículo 36 del Reglamento de Evaluación ”

          De conformidad con lo acordado, el Dr, Chirino Sánchez mediante oficio DIR-229-2000 de fecha 6 de julio dirigido a la  Secretaría  General de Corte Plena, remitió la solicitud de modificación a los artículos 36 y 70 del Proyecto de Reglamento de Evaluación.

          Sin embargo, en ninguna de esas gestiones se solicitó la derogatoria, ni la modificación del artículo 25 del Reglamento de la Escuela Judicial, en la forma que propuse en 1999 y que ahora nuevamente reitero,  por lo que  ese artículo continua vigente en la forma en que aparece redactado en el Reglamento de la Escuela Judicial y así debe ser su aplicación actual.

          Sobre el tema del Proyecto de Reglamento de Evaluación remitido a la Corte Plena desde el año 2000, la Corte Plena luego de analizar el oficio PSC-0546-2004 suscrito por Magistrado Luis Fernando Solano Carrera, sobre la demora en el estudio de este Reglamento en el que estima apropiado esperar a la recomendación de la Consultora que actualmente realiza una consultoría en la Escuela Judicial, acordó en la sesión No. 23-04 celebrada el 14 de junio del 2004, artículo X, “...esperar a que se produzca la recomendación de los especialistas contratados a que se refiere el Magistrado Solano, para que rinda junto con el Magistrado Rivas el informe solicitado.” , acuerdo del cual tomó nota el Consejo Directivo en la sesión No. 16, celebrada el 2 de setiembre del 2004, artículo V y así lo comunicó a la Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte en oficio N°112-CD/EJ-04.

          Esto nos lleva a que, al analizar la situación del señor Henry Ugalde Muñoz, tengamos presente que el artículo 25 del Reglamento de la Escuela Judicial es el que se debe aplicar en su caso particular.

     Dicho artículo, señala literalmente lo siguiente:

“Artículo 25. –Quienes no aprobaren un curso tienen derecho a realizar una prueba extraordinaria sobre la materia recibida y si no lograren la nota mínima podrán repetirlo por una vez; la no aprobación de la materia en esta oportunidad producirá el retiro de la Escuela por tres años. No obstante lo anterior, en casos calificados, el Consejo Directivo podrá autorizar a un alumno para que reciba por tercera vez un curso.”

Este artículo se puede resumir así :

1.	Quien no aprobare un curso tiene derecho a realizar una prueba extraordinaria.
2.	Si pierde la prueba extraordinaria, podrá repetirlo por una vez (Interpreto que se refiere al curso, pues si se tratara de la prueba extraordinaria, la redacción sería: podrá repetirla por una vez.
3.	La interpretación anterior se reafirma cuando se lee la frase final del artículo que dice: “...para que reciba por tercera vez un curso.”  (lo resaltado en negrita no es del original). 

     Entonces el artículo se refiere a que una persona podría, eventualmente y si se cumplen las circunstancias que he detallado, recibir un curso hasta un máximo de tres ocasiones que serían,  cuando se participa la primera vez, cuando se repite el curso porque reprobó la primera vez y también perdió  la prueba extraordinaria y por último, cuando por una causa muy calificada, el Consejo Directivo autoriza que lo reciba por tercera vez.

    El señor Henry Ugalde Muñoz, reprobó la materia de Acondicionamiento Físico, realizó la prueba extraordinaria que señala el artículo 25 en mención y nuevamente reprobó la materia, por lo que apeló ante el Consejo Directivo que resolvió en la sesión No. 17 del 13 de julio del año en curso, Artículo IV, que se le aplicara  otra vez la prueba extraordinario de Acondicionamiento Físico,  la cual reprobó.

     Por lo tanto, salvo mejor criterio,  lo procedente en el caso del señor Ugalde Muñoz, a la luz del artículo 25 del Reglamento de la Escuela Judicial, es que repita la materia de Acondicionamiento Físico a partir de la fecha en que se imparta esa materia en el Programa Básico de Formación en Investigación Criminal que inicia el 16 de enero del 2006, en el entendido de que, si reprobare de nuevo, solamente podría ser autorizado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial para recibir la materia por tercera vez, si se trata de un caso calificado como señala el artículo tantas veces citado en este oficio.

      Debido a que la propuesta de modificación del artículo 25 del Reglamento de la Escuela Judicial elaborada en 1999, aparentemente no fue sometida a Corte Plena y que los señores Magistrados acordaron esperar a conocer las recomendaciones de la empresa consultora sobre la normativa de la Escuela, me permito sugerir que la propuesta de modificación  sea remitida a esa empresa, junto con las inquietudes expresadas por el Lic. Francisco Segura Montero, Subdirector General del O.I.J., las cuales comparto plenamente, para que sean analizadas conjuntamente con cualquier otro cambio integral que requiera la Ley de Creación de la Escuela Judicial, su Reglamento y otras normas que rigen el funcionamiento de la Escuela Judicial, para que las modificaciones que resulten del estudio, sean congruentes con toda la  normativa y así evitar posibles contradicciones que entorpezcan la labor de este órgano de capacitación interna del Poder Judicial.”
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SE ACUERDA: 1) Tratar en la próxima sesión el punto referente a la modificación del artículo 25 del Reglamento de la Escuela Judicial, cuando este presente en la sesión el Director o Subdirector de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial. 
2) Se autoriza al señor Henry Ugalde Muñoz para que repita la materia de Acondicionamiento Físico a partir de la fecha en que se imparta esa materia en el Programa Básico de Formación en Investigación Criminal que inicia el 16 de enero del 2006.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO IX

El Lic. Donaldo Messer Benavides, Juez Juzgado de Tránsito de San Carlos, en oficio  N°84-2004 del 30 de junio de 2004 dice:

“Por este medio reciban un cordial saludo, y a la vez les formulo la siguiente consulta:

Del artículo 143 de la  Ley de Tránsito vigente se tiene que cuando no se gestione la devolución de un vehículo que se encuentre a la orden de laguna autoridad judicial, dentro del término de TRES MESES (término previsto en la Ley NO. 6106 del 7 de noviembre de 1977) éste pasará a ser propiedad del Consejo de Seguridad Vial, para uso exclusivo de la Policía de Tránsito.-  Disposición ésta que se vino recientemente a complementar con el Decreto número 31729-MOPT, publicado el día seis de abril del año en curso, en la Gaceta N° 68, decreto que dispone que cuando no se gestione la devolución de un vehículo que se encuentre a la orden de alguna autoridad judicial, transcurrido tres meses desde la firmeza de la sentencia en la que se involucre el vehículo, la Dirección General de la Policía de Tránsito deberá comunicar a la Asesoría Legal del Consejo de Seguridad Vial, que el vehículo no ha sido retirado del depósito, para los efectos de que el Consejo de Seguridad Vial haga la solicitud expresa de la aplicación del artículo 143 de la Ley de Tránsito ante la respectiva Autoridad  Judicial, y refiere los aspectos que debe contener la solicitud.

	Ahora bien, recibida la solicitud en forma y comprobado que en caso concreto se da el supuesto de hecho regulado en el artículo 143 de referencia, daría paso a acoger la solicitud y ordenar el traspaso del bien a nombre del Consejo de Seguridad Vial, sin embargo al suscrito le asiste duda con relación a los siguientes aspectos:

1)	Cual es el trámite en el caso de que el vehículo se encuentre afectado o gravado.  Nótese que el decreto hace alusión que al ordenar el traspaso, se debe levantar cualquier gravamen que afecte el vehículo.  Ese “cualquier gravamen” se refiere a gravámenes ordenados en el proceso de interés, o bien en forma general a los que soporta el bien, según los datos de registro.  ¡Que pasa con los terceros ajenos al proceso, que se benefician con  tales gravámenes.
2)	La resolución que acoja la solicitud y ordene el traspaso, en qué forma debe ser notificada.
-	Debe ser notificada solo a las partes que hayan señalado  lugar para notificaciones en el proceso respectivo-
-	Se debe proceder a notificar personalmente o en su casa de habitación (con todas sus implicaciones y atraso) a quien aparezca como propietario registral en todos los casos, o bien
-	Se debe realizar algún tipo de notificación por edicto, de todo la resolución o de su parte dispositiva y estaría éste a cargo del Consejo de Seguridad Vial.

	Nótese que las normas referidas son omisas en éstos aspectos, por lo que se deja planteada la consulta en aras de no causar indefensión o perjuicio a quienes se verán perjudicados patrimonialmente con la aplicación del artículo 143 de la Ley de Tránsito y el citado decreto.-  A la espera de que la consulta sea evacuada, se suscribe atentamente,”
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El Lic. Eduardo González Segura, Abogado a.i. de la Escuela Judicial, en oficio EJ-UJ-263-2004 de fecha 10 de setiembre de 2004 remite el siguiente informe:

“Consulta sobre los alcances del artículo 143 de la Ley de Tránsito y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 31729-MOPT)

“Acerca del traslado del dominio al Estado, de los vehículos que no son reclamados después de tres meses desde la firmeza de la sentencia judicial. Consecuencias y formalidades de esta facultad legal, en relación con otros gravámenes que pesan sobre el vehículo ajenos al conflicto judicial”

I. Sobre la procedencia de la Consulta: 

I.- En fecha 30 de junio de 2004, mediante oficio 84-2004, el licenciado Danaldo Messer Banavides, Juez de Tránsito de San Carlos, plantea la presente consulta a la Comisión de Asuntos Penales de la Corte Suprema de Justicia.

II.- El 9 de julio de 2002, en oficio CAP014-04, el doctor Daniel González Alvarez, Magistrado, Presidente de la Comisión de Asuntos Penales, remite a la Escuela Judicial la consulta formulada por el señor juez de San Carlos.

III.- La ley de creación de la Escuela Judicial (N° 6593), en sus artículos 6 inciso b) y 7, otorga al Consejo Directivo la competencia para hacer recomendaciones sobre la correcta aplicación de los procedimientos legales, en su aplicación judicial.

IV.- La consulta planteada sugiere dos inquietudes: a) ¿ puede o no el juez levantar todos los gravámenes de un vehículo, con la finalidad de trasladarlo al dominio del Estado por configurarse la hipótesis que faculta el artículo 143 de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres ?; b) ¿ cuál debe ser la forma en que debe ser notificada la resolución que se pronuncie sobre este supuesto, y a cuáles partes debe dirigirse dicha comunicación?

V.- Por cumplir con los requisitos para su admisibilidad (según sesión 15-01 del Consejo Directivo de la Escuela Judicial), se resuelve el planteamiento del juez de tránsito en los siguientes términos: 

II. Análisis jurídico:

a. Ubicación del problema:

El tema central de la consulta gira en torno a lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Tránsito por vías públicas terrestres”, a cuyo tenor se establece:

“Cuando no se gestione la devolución de un vehículo que se encuentre a la orden de alguna autoridad judicial, dentro del término previsto en la Ley N. 6106 del 7 de noviembre de 1977, éste pasará a ser propiedad del Consejo de Seguridad Vial, para uso exclusivo de la Policía de Tránsito.” 

En forma complementaria, el “Reglamento de los Vehículos de la Dirección General de la Policía de Tránsito” (Decreto 31729-MOPT, publicado en la Gaceta del 6 de abril de 2004), establece los siguientes lineamientos para articular la facultad otorgada en el anterior artículo:

“Artículo 8.- La Dirección General de la Policía de Tránsito comunicará, una vez transcurridos tres meses desde la firmeza de la sentencia en la que se involucre un vehículo bajo su custodia, a la Asesoría Legal del Consejo de Seguridad Vial cuando el vehículo no ha sido retirado del depósito, para la aplicación del artículo 143 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. La Asesoría Legal será la llamada a cumplir el trámite legal para el traspaso del bien.

Artículo 9.- El Consejo de Seguridad Vial, dentro de los treinta días naturales siguientes del aviso del responsable del depósito, deberá acreditar ante la autoridad judicial a cuya orden se encuentre el vehículo detenido, en las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la solicitud expresa de proceder conforme a lo señalado en el artículo 143 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. La solicitud deberá consignar cuando menos:
a) Autorización para que un funcionario de la Asesoría Legal del Consejo de Seguridad Vial retire los documentos propios del traspaso del vehículo.
b) Solicitud del mandamiento judicial de la inscripción, si la autoridad judicial lo considera conveniente.
c) Autorización para un funcionario de la Unidad de Control de Activos del Consejo de Seguridad Vial, proceda a retirar el vehículo.
d) Autorización para la inscripción del vehículo.
e) Solicitud de levantar cualquier gravamen que afecte el vehículo.

Artículo 10.- Lo señalado en el artículo anterior, se aplicará sin perjuicio de las facultades de la autoridad judicial de ordenar de oficio el mencionado traspaso.”

De la relación de esta normativa se desprende que el Estado estaría facultado para adjudicarse el dominio de un vehículo (bien mueble), si transcurrido un periodo determinado de tiempo -fijado por ley-, su titular no se presenta a reclamar el derecho de propiedad sobre ese objeto, y en consecuencia, se determina la firmeza de la sentencia judicial, como el parámetro para verificar el cómputo del plazo a partir del cual nace la atribución del Estado para gestionar el traspaso del dominio.

Sin embargo, como bien lo plantea el consultante, el Reglamento presenta algunos problemas para la interpretación y aplicación judiciales, específicamente, en cuanto a la dudosa validez de emitir una orden de levantamiento de los gravámenes de un vehículo por parte del juzgador, cuando proceda lo descrito en el numeral 143 referido, y en afinidad con la letra del inciso e) del artículo 9 del Reglamento, que en lo relativo a la petición que debe presentar la Asesoría Legal del CONAVI para el traslado del vehículo, ordena que la misma debe indicar cuando menos: “e) solicitud de levantar cualquier gravamen que afecte el vehículo”. 

b. Consideraciones de fondo:

Efectivamente, a partir de lo señalado por el señor juez de San Carlos, considera el suscrito que la facultad que otorga el mencionado Decreto Ejecutivo es violatoria del principio de legalidad, por ser contraria al principio de publicidad registral y a las reglas del derecho civil que ordenan la inscripción de títulos y su eficacia frente a terceros. 

Con todo, debemos partir del hecho innegable de que en la actualidad, nos resulta indispensable el conocimiento cierto acerca de la constitución de los derechos reales sobre las cosas con categoría de bienes, así como en relación con la anotación recaída sobre los bienes que garantizan el cumplimiento de derechos personales previamente constituidos (por ejemplo, los embargos).

Como consecuencia de ello, la publicidad se ha convertido en la razón de ser y el objetivo primordial de los registros inscriptores (tanto mobiliarios como inmobiliarios). Los Registros inmobiliarios fueron los primeros en nacer, y su finalidad fue la de combatir la clandestinidad, sin embargo, en la actualidad han logrado superar la etapa meramente publicística y su télesis comprende también otros efectos. Fundamentalmente, la institución del Registro Público tiene como objeto procurar a los terceros -a los acreedores, adquirentes, o de cualquiera de otro modo interesados-, conocimiento fidedigno de todo lo relativo a los bienes, y en consecuencia, otorgar mayor seguridad a los propietarios. En sentido se ha dicho: 

“El Registro tiene un fundamento racional en cuanto se deriva de la naturaleza misma del derecho real de propiedad. Es una institución formal y de garantía de éste, y es su fin hacer público el estado de los bienes inmuebles, mediante la inscripción de todos los actos por los cuales se crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas referentes a los mismos. Para realizarle, preciso es que haya un registro público en el que se hagan constar esas vicisitudes, en el que tenga cada finca su historia, por decirlo así, de tal suerte que el que quiera adquirirla o construir sobre ella un derecho real o prestar con la garantía de la misma, sepa que solo puede perjudicarle cuanto en él consta, esto es, que no hay más dueño que el que en él figura como tal, ni el fundo tiene otros gravámenes que los que en él están consignados.”

Por esta razón se afirma que el Registro Público desempeña una función de alta importancia en el incremento económico y en el bienestar de las naciones:

“Por la confianza que inspiran los informes que suministra  y por los medios que proporciona para asegurar los derechos, facilita y fomenta la contratación, desarrolla el crédito, y tranquiliza a los individuos en la posesión y disfrute de su patrimonio.”

De especial importancia, tenemos que uno de los efectos más relevantes desde el punto de vista de la seguridad jurídica, que se derivan de esta publicidad registral, son los efectos que produce la “oponibilidad a terceros”. 

Según esta regla, todo acto o negocio surte sus efectos dentro de la esfera jurídica de personas que tomaron parte en él, sin embargo, es ineficaz respecto del resto de los sujetos, a quienes no resulta oponible dicho acto o negocio jurídico. Bajo este enfoque, si un derecho real o personal sobre un bien no ha sido inscrito en el Registro Público, nadie tiene por qué respetar ese derecho, aunque para su titular se trate de un derecho cierto. 

De allí, la necesidad de que todos los negocios deban consignarse en documento idóneo (generalmente en escritura pública) y enviados al Registro, con la finalidad de que se produzca su cognoscibilidad potencial erga omnes, y nadie (ningún tercero) pueda alegar ignorancia ni buena fe, pues si no indaga en el organismo creado a ese efecto, incurrirá en culpa y no podrá excusarse de su propia negligencia. 

En nuestro Ordenamiento, esto lo vemos en el artículo 455 del Código Civil, que dispone que “los títulos sujetos a  inscripción que no estén inscritos, no perjudican a terceros, sino a partir de la fecha de su inscripción en el Registro.” Nuestra legislación especializada de tránsito sigue la misma doctrina, al disponer en su artículo 7, párrafo primero:

“Los títulos sujetos a inscripción, que no estén inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Vehículos Automotores, no perjudican a terceros sino, desde la fecha de su presentación en el Registro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 455 del Código Civil.”

Ahora bien, lo que interesa saber es qué sucede con aquellos títulos que se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad Mueble, respecto de los vehículos que se quieran trasladar al dominio del Estado (gravámenes de caracter privado o judicial). 

El artículo 41 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad Mueble, nos dice cuáles podrían ser esos gravámenes, producto de la inscripción de los documentos que les dieron origen:

“Artículo 41.- Documentos registrables. En el Registro Público de la Propiedad Mueble se inscribirán: 
a) Las escrituras públicas relativas a la constitución, transmisión, extinción o modificación de derechos de reales relativos a vehículos, buques y aeronaves.
b) Las facturas extendidas por el comercio, acompañada de solicitud del interesado, o en su defecto la fe de juramento acerca de la propiedad de bienes muebles, cuando no se trate de vehículos, buques o aeronaves.
c) Los contratos privados donde se tramita o extinga la propiedad sobre bienes muebles no enunciados en el inciso a) y b) del artículo 38 anterior y la solicitud de modificación de cambio de características sobre los mismos.
d) Las ejecutorias de sentencia en que se declare la propiedad de bienes muebles por prescripción adquisitiva en los términos dispuestos por el artículo 862 del Código Civil. 
e) Los contratos prendarios sobre bienes inscritos, los relativos a prenda sobre cosechas y ganado, los contemplados en el artículo 533 del Código de Comercio y los que afecten cualquier otro bien o  derecho no inscribible.
f) Los títulos que se dispongan embargos, restricciones y demás providencias cautelares.
g) Aquellos en que se consigne el arrendamiento o fletamento de bienes muebles.
h) Cualquier otro documento que indique la Ley.”

De acuerdo al principio jurídico de publicidad registral (primero en tiempo, primero en derecho), la inscripción garantiza, por su orden, el respeto del derecho real de que se trate o el eventual cumplimiento de un crédito personal en disputa sobre los bienes muebles, dando certeza acerca de la condición en que se encuentra tal objeto en relación con las pretensiones que de él tienen otros sujetos (así por ejemplo, los títulos donde se dispongan embargos, restricciones y demás providencias cautelares sobre un vehículo, según el inciso f) art. 41 del citado Reglamento).
 
De igual forma, el Ordenamiento provee de una excepción estipulada en los párrafos tercero y cuarto del artículo 455 del Código Civil, en el sentido de que si un derecho real no se encuentra inscrito, pero nació a la vida jurídica mediante documento idóneo, éste tiene preferencia sobre los anotantes por créditos personales anteriores que aparecen en el Registro, siempre y cuando la escritura pública donde consta ese derecho real, sea presentada dentro de los tres meses contados a partir de su nacimiento (plazo de ley). El artículo 44 del Reglamento del Registro de la Propiedad Mueble, dispone lo mismo:

“Artículo 44. Efectos de la inscripción registral. ... Cualquier derecho real sobre un bien mueble tendrá prioridad sobre un derecho personal, siempre y cuando el título, que ha dado nacimiento al primero, fuere presentado dentro de los tres meses siguientes a su constitución. Dicho término será computado, en el caso de documento público, a partir de la fecha de su otorgamiento, y tratándose de documento privado a partir de la razón de fecha cierta. En caso contrario el Registrador respetará el orden de prioridad de las anotaciones por derechos personales existentes al momento de la presentación del título de derecho real sobre cosa mueble, sin perjuicio de que la persona que derive ese derecho demuestre en juicio ordinario contra el anotante que su derecho es cierto y no simulado, en las condiciones establecidas en el artículo 455 del Código Civil.”

En general, nuestro ordenamiento determina reglas claras en relación con los bienes, su inscripción y su publicidad, reglas que no podemos obviar fácilmente, so pena de incurrir en arbitrariedades o consecuencias de orden legal que podrían causar daños al patrimonio de terceros. En el caso de que se ordene la adquisición o extinción de derechos patrimoniales mediante resolución judicial, el juzgador debe estar muy claro acerca de las circunstancias en que se encuentra el bien solicitado, pues de lo contrario, su resolución es susceptible de generar serios inconvenientes en el orden jurídico. 

Piénsese en el absurdo de que el Estado se adueñe de un automotor y levante todos los gravámenes que sobre él pesen (de cualquier naturaleza), con lo cual, todos aquellos que tengan mejor derecho sobre ese vehículo deberán acudir a la vía ordinaria para declararlo frente al Estado, generando importantes dificultades, tanto en términos del “engrosamiento” del número  expedientes de tramitación civil, como en lo engorroso que esto puede resultar para el ciudadano común en lo que respecta a su representación en el proceso judicial. 

Por eso, el profesor Roberto Yglesias dice con razón:

“Con la cancelación judicial de anotaciones, en casos como los señalados en estos comentarios, se introducen indirectamente y en la práctica, causales arbitrarias de extinción de derechos patrimoniales mediante la utilización de normas procesales, con evidente y grave perjuicio para quienes se han confiado en las anotaciones y en el Registro Público, pues al final de cuentas se ven imposibilitados de hacer valer sus derechos.”

Recomendaciones:

-	Se considera conveniente que el juez de tránsito, de previo a autorizar el traspaso solicitado por el CONAVI, le pida al gestionante (Departamento de Asesoría Jurídica del CONAVI) que aporte toda la documentación registral sobre el vehículo a efectos de tener un panorama completo de los gravámenes u anotaciones inscritos en el indicado bien.

-	El juez de tránsito estará autorizado únicamente para levantar aquellos gravámenes que se originen en el mismo proceso de tránsito y dentro de los límites de su competencia se hayan decretado sobre el vehículo objeto de la solicitud de traspaso. 

-	Cualquier otro gravamen que tenga el vehículo objeto de la solicitud de traspaso, sustentado en otras causas de carácter judicial, comercial o de otra índole, deberá ser levantado únicamente bajo los supuestos previstos por la normativa vigente a tales efectos y por la autoridad judicial o administrativa competente según sea el caso. 
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SE ACUERDA:  Aprobar el informe anterior.  Comuníquese al Lic. Donaldo Messer Benavides, Juez Juzgado de Tránsito de San Carlos.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO X

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, remite informe de las solicitudes de cursos que ha remitido al Consejo Superior para su aprobación para que sean avaladas por este Consejo.

	Año 2005		
	 	 	 	 	 	 		
Solicitudes aprobados por la Dirección que deben ser avalados por del Consejo Directivo de la Escuela Judicial	
	No. Oficio	Fecha de recibido	Remitente	Asunto	Visto bueno o no de la Dirección	Coodinador que tramita	No.de oficio y fecha que se remitió al Consejo Superior	
1	921-DG-05	01/09/2005	Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General  del O.I.J.	Solicita se autorice la participación con goce de salario y sustitución, del señor Marcial Torres Esquivel, Jefe de la Delegación Regional del O.I.J. en Liberia, en el curso sobre “Sistema de Seguridad Nacional de la República de China”, que se llevará a cabo del 02 al 29 de octubre de presente año en Taipei-China,  el cual es organizado por la Embajada de China, quienes cubrirán lo referente a gastos de hospedaje, alimentación y tiquetes aéreos.	Dr. Alfredo Chirino Sánchez,  remite gestión para que sea aprobado por Consejo Superior. 	Dirección	EJ-DIR-344-2005, 1-09-05	
2	951-DG-05	06/09/2005	Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General  del O.I.J.	Solicita se autorice la participación con goce de salario, de la Licda. Elizabeth Flores Calvo, Auditora Investigadora de la Unidad de Lavado de Dinero de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del O.I.J., en el taller sobre “Investigaciones Financieras”, que se llevará a cabo del 21 de noviembre al 02 de diciembre de presente año en Bogotá, Colombia,  el cual es organizado por la Policía Federal Australiana (AFP) con sede en Colombia, quienes cubrirán lo referente a gastos de hospedaje, alimentación y tiquetes aéreos.	Dr. Alfredo Chirino Sánchez,  remite gestión para que sea aprobado por Consejo Superior. 	Dirección	EJ-DIR-354-2005, 6-09-05	
3	1598-FGR-2005	06/09/2005	José Pablo González Montero Fiscal Adj. Ambiental, M.P. al Dr. Francisco Dall`Anese Ruiz, Fiscal General de la Republica	Solicita que se autorice la participación del Lic. José Pablo González Montero, Fiscal Adjunto de Agrarios Ambiental,  en el en calidad de expositor durante la  "Septima Semana del Abogado" que se llevara a cabo del 26 al 29  de setiembre en México. Los organizadores cubrirán los gastos.	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Lic. Jorge Segura Román, Fiscal General Adjunto	Ref. 1598-FGR-2005, 6/09/2005 del Ministerio Público	
4	1631-FGR-2005	12/09/2005	Whitney J. Witteman, Asuntos Economicos Embaja U.S. A. al Lic. Jorge Segura Román, Fiscal General Adjunto	Solicita permiso con goce de salario y sustitución para la participación de los fiscales auxiliares licenciados José Alberto Rojas Chacón, Gabriela Ugalde Pereira y Annia Enríquez Chavarría en la segunda parte del simposio 2005 sobre "La Ejecución de Derechos de Propiedad Intelectual" que se llevara a cabo del 3 al 7 de octubre en Estados Unidos.  El organizador cubrirá los gastos correspondientes.                           	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Lic. Jorge Segura Román, Fiscal General Adjunto	Ref. 1631-FGR-2005, 12/09/2005 del Ministerio Público	
5	1632-FGR-2005	12/09/2005	Sra. Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General al Dr. Francisco Dall`Anese Ruiz, Fiscal General de la Republica	Solicita permiso con goce de salario y sustitución para la participación de los fiscales coordiandores, licenciados Minor José Soto Fallas y Susana Wittman Stengel, en el curso sobre "La posición jurídica del administrado frente a la administración" que se llevara a cabo del 20 al 23 de setiembre de 8 a 12md. en el Auditorio Pablo Casafont del Colegio de Abogados.                           	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Lic. Jorge Segura Román, Fiscal General Adjunto	Ref. 1632-FGR-2005, 12/09/2005 del Ministerio Público	
6	1642-FGR-2005	13/09/2005	Rafael Franzini, Jefe de la Unidad Anti-Lavado de Activos de la Organización de los Estados Americanos al Dr. Francisco Dall`Anese Ruiz, Fiscal General de la Republica	Solicita que se autorice la participación con goce de salario del Lic. Walter Espinoza Espinoza, Fiscal Adjunto de Nacotrafico y del Lic. Manuel Roldán Alvarez, Encargado de la Unidad de Antilavado del O.I.J. en condición de expertos capacitadores nacionales, avalados por el equipo de la CICAD/OEA y siete jueces penales, uno por provincia, once fiscales, tres investigadores del O.I.J. en el programa sobre "Capacitación para Jueces y Fiscales en materia de lavado de dinero" que se llevara a cabo el 26 y 30 de setiembre en el Hotel Radisson	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Lic. Mauricio Boraschi Hernàndez, Fiscalía General de la República	Ref. 1642-FGR-2005, 13/09/2005 del Ministerio Público	
7	1660-FGR-2005	13/09/2005	Gioconda Batres Méndez, ILANUD  a la Licda. Floribeth Rodríguez Fiscal de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, Alajuela	Solicita que se autorice la participación con goce de salario de la Licda. Floribeth Rodríguez Fiscal de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, Alajuela, en el curso sobre "Peritaje en caso de Abuso Sexual" que se llevara a cabo el 22 y 23 de setiembre en el Colegio de Médicos y Cirujanos en la Sabana.                        	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Lic. Jorge Segura Román, Fiscal General Adjunto	Ref. 1660-FGR-2005, 13/09/2005 del Ministerio Público	
8	1654-FGR-2005	14/09/2005	Sra. Roxana Salazar, Presidenta de Transparencia Internacional Costa Rica (TI-CR) al Lic. Jorge Segura Román, Fiscal General Adjunto	Solicita que se autorice la participación del señor Warner Molina Ruiz, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios,  en el primer taller sobre "Transparencia y Responsabilidad Empresarial" que se llevara a cabo el 21 de setiembre en la Unión de Camaras.                            	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Lic. Jorge Segura Román, Fiscal General Adjunto	Ref. 1654-FGR-2005, 14/09/2005 del Ministerio Público	
9	 No.DTSP-658-05 y No.DTSP-665-05	19/09/2005	 Licda. Matilde González Aguilar, Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología	Solicita se autorice la participación con goce de salario, de los siguientes:
Nombre Oficina
Jhon Hernández Rojas Alajuela
Vanessa Villalobos Montero Alajuela
Rosario González Brenes Alajuela
Kattia Arroyo Barrot Alajuela
Jhon Walter Acosta Peña Heredia
Nora Lía Mora Lizano San José
Jeannette Ortiz Mora San José
Gina Ramón Fernández Guápiles
Sonia Rodríguez Guevara Goicoechea
Cristina Lizano Rodríguez Goicoechea
Matilde González Aguilar San José
Elvis Chávez Rodríguez Goicoechea
María Alejandra Vega Rodríguez San José
Monserrrat Carvajal Barrios  Quepos
Emilia Gamboa Quesada Cartago
Haydeé Castro Chavarría Pérez Zeledón
Ana Shirlenia Briceño Castro San José
Alejandra Fernández Matamoros Puntarenas
Ivannia Castro Montero  San Carlos
Lizzette Cruz Torres Heredia
Inés Rivera Poveda Limón
Yaneth Alfaro Bonilla Heredia
Cristina Arias Morales Limón 
Ivette Pérez Ocampo Limón
Francine Montoya Paniagua Limón 
Rosa Fallas Bonilla Desamparados
Alba Gutiérrez Villalobos Goicoechea
Nancy Alpízar Rojas Puntarenas
Para asistir al curso sobre “Peritaje en casos de abuso sexual”, el cual será impartido por la Dra. Gioconda Batres Méndez, propuesto por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y que se llevará a cabo los días 3 y 4 de noviembre de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en la Sala Quirós Quarón del ILANUD, con un costo de $100.00 por participante el cual será asumido por ellos	Dr. Alfredo Chirino Sánchez,  remite gestión para que sea aprobado por Consejo Superior. 	Dirección	EJ-DIR-374-2005, 20-09-05	
10	1707-FGR-2005	19/09/2005	Lic. Jorge Segura Román, Fiscal General Adjunto	Solicita que se autorice la participación de los licenciados Alfredo Araya Vega y Francisco Fonseca Ramos en el "Mòdulo II del Programa de Capacitación Técnica en Imposición Interna" por el Ministerio de Hacienda, que se llevara a cabo durante los martes de las 13 a las 16:30 horas del 11 octubre 2005 a 10 de octubre 2006, excepto 20 y 27 dic 2005 y 10 enero, 11 abril, 4 y 11 de julio del 2006.                            	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Lic. Jorge Segura Román, Fiscal General Adjunto	Ref. 1707-FGR-2005, 19/09/2005 del Ministerio Público	
11	1771-FGR-2005	20/09/2005	Dr. Guillermo Hernández Ramírez, Directo Inst. Cost. Sobre Drogas al  Dr. Francisco Dall`Anese Ruiz, Fiscal General de la Republica Adjunto	Solicita que se autorice la participación con goce de salario de la Licda. Jeannette Arias Meza, Fical Coordinadora de la Oficina  de Atención a las Victimas del M.P.,  en el taller sobre "El Perfeccionamiento del Convenio Marco Centroamericano de Protección a Testigos Contra el Narcotrafico"por la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP), que se llevara a cabo el 26 al 28  de setiembre en el Hotel Corobicí	Si por Dr. Alfredo  Chirino Sánchez	Lic. Mauricio Boraschi Hernàndez, Fiscalía General de la República	Ref. 1771-FGR-2005, 20/09/2005 del Ministerio Público	
12	991-DG-05	23/09/2005	Lic. Francisco Segura Montero, Subdirector General  del O.I.J.	Solicita se autorice su participación y la de la servidora Hazel Vanesa Quirós Ramírez, Encargada de la Página de Personas Desaparecidas, en el “I Congreso Latinoamericano de Policías en Materia de Personas Perdidas, que se llevara a cabo del 19 al 21 de octubre del presente año en Santiago Chile, el cual es organizado por la señora Mariana Alarcón Iturriaga, Capitana de los Carabineros y Jefe de la Sección de Encargos de Personas de Chile, Save the Children Suecia y la Red de Latinoamericanos Desaparecidos, quienes cubrirán lo referente a gastos de hospedaje, alimentación y tiquetes aéreos.	Dr. Alfredo Chirino Sánchez,  remite gestión para que sea aprobado por Consejo Superior. 	Dirección	EJ-DIR-385-2005, 27-09-05	

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La Licda. Yamileth Achon Ching, solicita que se remita a la Unidad de Capacitación del Ministerio Público copia del oficio que la Dirección de la Escuela remite a trámite dichos permisos, ya que es necesario para ellos  llevar un control de las personas que se capacitan.

La Mag. Calzada, sugiere a la Dirección que remita a los jefes de Defensa Pública, Ministerio Público, Dirección del O.I.J etc., copia del oficio que remite al Consejo Superior para que autoricen las solicitudes de participación a curso fuera de la institución.  

SE ACUERDA:  1) Avalar las solicitudes de cursos que la  Dirección de la Escuela Judicial remitió al Consejo Superior.  
2) Solicitar a la Dirección de la Escuela que remita a los Jefes del Ministerio Público, Defensa Pública, Dirección General del O.I.J. etc., copia del oficio que remite al Consejo Superior para la aprobación de  cursos fuera de la institución. ACUERDO FIRME.

ARTICULO XI

El Señor Carlos Fco. Roldán Bolaños, Prosecretario General, en oficio N°9459-05, de fecha 18 de octubre de 2005, transcribe acuerdo del Consejo Superior de la sesión N°81-05 celebrada el 13 de octubre de 2005 que dice:

“ARTÍCULO XLVII 

En oficio N° 168-CD/EJ-05 de 1° de setiembre último, el doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, hace de conocimiento el acuerdo tomado por el Consejo Directivo, en sesión N° 22 celebrada el 31 de agosto de este año, artículo VIII, en que se resuelve enviar copia a este Consejo del “Diagnóstico sobre la Escuela Judicial y el Sistema de Selección de Jueces 1”, producto final del hito 1 de la consultoría que realiza la Universidad Internacional de La Florida.
Visto el documento presentado y previamente a resolver lo que corresponda, se dispuso: Convocar al Dr. Chirino para que exponga ante quienes integran este Órgano, los principales resultados de esta parte de la consultoría y las recomendaciones que es necesario valorar y acoger, para continuar con el desarrollo de los pasos siguientes, dentro del proyecto de reestructuración de la Escuela Judicial y la implementación del Programa de Formación Inicial de Jueces. Por medio de la Secretaría General de la Corte se hará la convocatoria a esta audiencia. Se declara firme este acuerdo.”. 
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SE ACUERDA: Tomar nota.

ASUNTOS VARIOS

ARTICULO XII

El Lic. José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del Presidente, en oficio DP 1278-05 de fecha 7 de octubre del 2005 dice:

“La Comisión de la Jurisdicción Civil en reunión extraordinaria celebrada el 4 de octubre último, conoció la propuesta que se hizo del conocimiento del Señor Presidente de la Corte, Magistrado Luis Paulino Mora Mora, por un grupo de Jueces Civiles, con el fin de desarrollar un “ Seminario Taller de revisión de la propuesta del anteproyecto del Código Procesal Civil” ( propuesta del Código Procesal General en el área Civil), y acordó:

	“Solicitar al Consejo Directivo de la Escuela Judicial el apoyo y reconocimiento para efectos didácticos  para la realización del “ Seminario Taller  de Revisión de la Propuesta del Código Procesal Civil”, programado  para los días 17,18 y 19 de noviembre, actividad financiada con recurso del Programa  CORTE B.I.D, para lo cual se requiere la colaboración de una metodóloga para diseñar el desarrollo del taller.”.

	En espera de contar con la valiosa colaboración de la Escuela Judicial, suscribe, atentamente,”
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SE ACUERDA: Aprobar el “Seminario Taller de revisión de la propuesta del anteproyecto del Código Procesal Civil” (propuesta del Código Procesal General en el área Civil) a realizar los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2005.  Se comisiona a la Mba. Sonia González Méndez, Especialista en Educación, para que coordine lo que corresponda.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO XIII

La Licda. Alicia Bogarín Parra, Directora de la Dirección Nacional de Notariado, en oficio DNN-0921-05 de fecha 14 de octubre de 2005 dice:

“Recientemente la Corte Plena, aprobó la suscripción de un convenio con la Maestría en Derecho Notarial y Registral, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con esta Dirección. Con motivo de tan importante logro, tomando en cuenta que en materia notarial se ha detectado la necesidad de la formación continúa, para asegurar la prestación de un servicio público notarial de calidad y seguro para la ciudadanía, se planea realizar para el próximo diez de noviembre del año en curso, en el Auditorio Judicial, un Foro con profesionales de esa maestría, en los temas de Fideicomiso,  del ensamblaje de automóviles y el cambio de chasis, dirigido a los estudiantes en la carrera de derecho y a los notarios públicos en ejercicio.

	Por lo anterior, y tomando en cuenta que esa Escuela Judicial ha apoyado siempre nuestra labor formativa, me permito solicitar la colaboración de ese Consejo Directivo, para contar con la colaboración en materia de promoción y organización de dicha actividad. “
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SE ACUERDA: Comunicar a la Licda. Alicia Bogarín Parra, que no es posible brindarle el apoyo en la actividad que solicita, ya que la Escuela Judicial debe cumplir con el plan de actividades programado  para este año y no cuenta con los recursos suficientes para cubrir esa necesidad.  Debido a que se trata de una actividad que tiene más sentido dentro del marco que la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia puede promocionar en lo que se refiere a actividades de administración de justicia, nos permitimos sugerirle que se dirija a ellos y les plantee dicha solicitud.  ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO XIV

El Lic. Jorge Kepfer Chinchilla, Coordinador del Grupo de Asesores Jurídicos del Ámbito Administrativo, en oficio  de fecha 14 de octubre de 2005 dice:

“Reciba por la presente un cordial saludo y a la vez la oportunidad para plantearle lo siguiente:

	Mediante acuerdo del Consejo Superior en la sesión Nº 59-05 celebrada el 3 de agosto del 2005, artículo XXXIII, se  dispuso, entre las recomendaciones que se presentaron, en el estudio que propuso crear el Departamento Legal en el  Poder Judicial, acoger  la siguiente:

“3.- Establecer sesiones de trabajo, cada tres meses entre los asesores jurídicos de las diferentes dependencias administrativas, con la finalidad de crear canales de comunicación, retroalimentación, coordinación y compilación de información para integrar jurisprudencia administrativa en las diversas áreas funcionales, que sirva de herramienta al Consejo Superior en la toma de decisiones.”

	En ese sentido en la primera sesión de trabajo que se tuvo hace aproximadamente dos semanas, entre todos los asesores jurídicos del área administrativa, se acordó hacer atenta instancia a la Escuela Judicial, para que en la programación de los cursos que realiza durante el año, en la medida de lo posible, se pueda tomar en cuenta a los abogados que se desempeñan como asesores en las diferentes dependencias administrativas del Poder Judicial, a saber: Departamento de Planificación, Departamento de Personal, Auditoría, Secretaría General de la Corte,  Dirección Ejecutiva y Dirección del Organismo de Investigación Judicial.

Sabemos que la prioridad de la Escuela es brindar capacitación a los ámbitos de Administración de Justicia y Auxiliar.  Sin embargo, debe tenerse en cuenta la existencia de todo un Grupo de Asesores Jurídicos ubicados en el Sector Administrativo, que  atienden y conocen  materias como laboral, constitucional, administrativo, civil, penal, agrario, violencia doméstica, procesal, entre otras, así como de aspectos disciplinarios, de cobro administrativo,  de responsabilidad civil,  de resolución de recursos ante la Sala Constitucional y Contraloría General de la República,  de  contratación administrativa, peritajes,  ejecución,  tramitación judicial,  de trámite legislativo, etc.    Amén de que en algunas ocasiones debemos evacuar inquietudes legales de los mismos administradores de justicia en determinados aspectos,  consideramos ahí la importancia de contar con  la colaboración de la Escuela en ese sentido.

            Somos conscientes de que nuestra labor de asesorar a los Órganos Superiores de la Institución, así como a las respectivas dependencias en las que estamos adscritos, requiere de estar debidamente capacitados, sobretodo en los diferentes ámbitos del Derecho y sus procedimientos, por cuanto es de uso diario su aplicación por nuestra parte. Es por lo anterior que le solicitamos con la debida consideración, la posibilidad de que se nos pueda eventualmente incorporar a  algunos cursos que serían de nuestro interés, o bien que la Escuela Judicial pueda introducir, por cuanto es la autorizada para ello, algunos que tratarían con las materias que diariamente conocemos, para eso podríamos coordinar en la búsqueda de personas idóneas en los aspectos que nos interesan.  

	Cualquier comunicación me la puede hacer llegar a la Sección de Análisis Jurídico del Departamento de Planificación, ubicada en el 4ª Piso del Edificio Plaza de la Justicia,  a las extensiones 3600, 3571 o 4437, o bien, a través del correo electrónico del suscrito, en el directorio de la Institución.
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SE ACUERDA: Previo a resolver, trasladar la solicitud anterior al Mba. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal para que valore y rinda un informe sobre los requerimientos de capacitación  en diferentes materias que solicitan los Asesores Jurídicos ubicados en el Sector Administrativo.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO XV

La señora W. Grace Arooba Hgaz, Directora General y Aacadémica de la Academia de la Magistratura de Perú, en oficio N°092-2005-AMAG-DA de fecha 14 de octubre de 2005 dice:

“Es grato dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo a nombre de la Academia de la Magistratura y en el marco de las actividades programadas para el presente año, hacer de su conocimiento que estaremos desarrollando a través de Internet el IV Curso Internacional a Distancia “Introducción al Razonamiento Jurídico” durante los meses de noviembre y diciembre de 2005.

Con este motivo, invitamos por su intermedio a diez (10 Magistrados de Costa Rica, para que participen gratuitamente en este curso virtual que promueve la Academia de la Magistratura desde su Portal en Internet www.amag.edu.pe.  Es muy importante que los señores Magistrados costarricenses interesados tengan conocimiento básico de informática y de navegación en Internet, así como acceso a una cuenta de correo electrónico.

Este curso estará a cargo de un Tutor Académico y el seguimiento corresponderá a un Asistente Académico de la Academia de la Magistratura, quien realizará su labor vía correo electrónico.  Asimismo, agradeceré tenga a bien designar al personal administrativo de la Escuela Judicial de Costa Rica que participará en la ejecución de esta actividad académica apoyando la labor de seguimiento.

El dictado de este curso tendrá una duración de siete (7) semanas, y comprenderá tres sesiones presenciales y sesiones de autoestudio.  Las sesiones presenciales serán desarrolladas mediante videoconferencia simultánea, sincronizando el horario de ida y vuelta, para permitir la interacción con los participantes, de manera que puedan formular sus preguntas y recibir las respuestas en línea.  El costo del soporte técnico para la conexión de las videoconferencias deberá ser asumido por vuestra Institución; sin embargo, en caso de no ser posible dicha conexión, dada la metodología de esta actividad académica podrá ser igualmente cursada por los magistrados totalmente a distancia.

El autoestudio se desarrollará en base a los materiales de lectura y de estudio que serán puestos a disposición de los discentes a través de medios electrónicos, para que puedan imprimirlos.

Esperando contar con su gentil aceptación para llevar adelante este Curso Internacional que sin duda será muy satisfactorio para la Magistratura de nuestros países, quedamos en espera de su respuesta, la que agradeceremos se verifique a la brevedad posible a fin de concretar las coordinaciones necesarias y proporcionar información adicional, no sin antes expresarle los sentimientos de mi consideración más distinguida.”
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SE ACUERDA:  Aprobar la invitación de la Academia de la Magistratura de Perú, para que funcionarios judiciales de Costa Rica participen en el   IV Curso Internacional a Distancia “Introducción al Razonamiento Jurídico” que se realizará a través de Internet durante los meses de noviembre y diciembre de 2005, con una duración de 7 semanas.  Se comisiona al Lic. Román Bresciani Quirós, Abogado de la Escuela Judicial para que promocione el  curso y coordine con la Academia de la Magistratura de Perú lo que corresponda.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO XVI

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial informa que la Escuela Judicial todos los años realiza un  acto de clausura de las actividades de la Escuela Judicial, donde se rinde el informe final de labores de la Escuela y la graduación de Auxiliares Judiciales.  

Este año no hay graduación de Auxiliares, solo se podrá ofrecer la graduación de los participantes del Programa Básico de Investigación Criminal, la presentación del informe final de labores y una proyección de las labores para el 2006.  Esta actividad se realizaría el Viernes 16 de Diciembre de 2005, a las 2:00 p.m., para un total de 175 personas, que incluye los graduandos, dos invitados por graduado y funcionarios judiciales que la Dirección de la Escuela  indique.

El señor Vicente Martínez Oporto, Administrador de la Escuela ha solicitado que el Consejo Directivo apruebe dicha actividad con suficiente tiempo para iniciar el trámite de las órdenes de compra, solicitar las cotizaciones para el refrigerio u otro gasto necesario  y presentarlas  al Departamento de Proveeduría para la separación de recursos. 

La Mag. Calzada propone que se incluya en este acto la presentación del curso virtual de Pensiones Alimentarias.

El Dr. Chirino manifiesta que el curso está listo y se podría presentar  ya que se  ha pensando ofrecerlo a partir de enero del 2006. 

SE ACUERDA: Aprobar el Acto de clausura de las actividades de la Escuela Judicial del 2005 y la graduación de los participantes del Programa Básico de Investigación Criminal a realizar el viernes 16 de Diciembre de 2005.  Se comisiona al señor Vicente Martínez Oporto, Administrador de la Escuela y a la Licda. Kattia Campos Zúñiga, Instructora Policial de la Unidad de Capacitación del O.I.J., para que coordinen lo que corresponda.  ACUERDO FIRME.

Se levanta la sesión a las diez horas con cuarenta y cinco minutos.

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Dr. Alfredo Chirino Sánchez
                  PRESIDENTA                              DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL